La violencia en Medellín

LA CAPTURA DE DON MARIO Y DE DOUglas, así como los numerosos consejos de seguridad que se han desarrollado recientemente en Medellín, constituyen una ocasión valiosa para reflexionar acerca de los retos que afronta la ciudad.

Ésta ha experimentado en el último período un deterioro efectivo de los indicadores de seguridad, visible en el dramático ascenso en la tasa de homicidios, así como en el aumento en atracos y otros delitos de alto impacto. Tal deterioro ha alimentado el resurgir del fantasma de la violencia, agudizando la percepción de que las cosas no están bien. Alrededor de estos hechos se han producido lecturas ambiguas y contradictorias.

Medellín se enfrenta a retratos defectuosos de sus problemas y de las lógicas de su transformación. De una parte, hay quienes ofrecen de la ciudad la idea de que todo sigue igual o ha empeorado, que el control de la delincuencia es absoluto, que nada se mueve sin el consentimiento del patrón de algún grupo mafioso y que a la captura de uno de ellos seguirán las retaliaciones y la recomposición de la estructura delincuencial. En el otro extremo, hay quienes promueven una imagen un tanto maquillada de una ciudad cuyos problemas de seguridad son sólo parte del pasado o en la que los conflictos que están en la base de toda esta historia han sido superados. Una imagen pesimista a la que se le opone una mirada ingenua de una realidad compleja e incierta.

Estas dos maneras de ver la ciudad tienen auditorios interesados y heterogéneos, porque el comportamiento de la seguridad se convirtió en un indicador que puede mover la favorabilidad positiva o negativamente. Eso no está mal. Pero hay que ser conscientes de la polarización que puede producirse con respecto a un tema como este y de los efectos de dicha polarización en otros aspectos del desempeño de la ciudad. Frente a estas posiciones extremas, los matices son requeridos.

Para empezar, es un hecho que las dinámicas asociadas con las economías ilegales y con las “estructuras” que se configuran alrededor de esas economías siguen operando: narcos, contrabandistas, mercado negro de armas, estructuras extorsivas de pequeña y gran escala. Todo un conjunto de actores y situaciones que se reproducen y reconfiguran, en medio de una economía ilegal que mueve incalculables recursos y que a veces crea fronteras borrosas entre lo legal y lo ilegal.

En contraste, hay evidencias importantes de esfuerzos por institucionalizar la ciudad. En éstos, que persisten en el tiempo a pesar de los altibajos en sus estrategias, se combinan tanto las políticas públicas apalancadas por el gobierno local o nacional, como las actividades del sector privado, de las ONG y organizaciones sociales y comunitarias de muy diversa índole. Actividades policivas tendientes a enfrentar la delincuencia, aunadas a la iniciativa de organizaciones sociales que llaman a la protección de la institucionalidad democrática, cerrándoles el paso a quienes a través del pánico pretenden cosechar beneficios particulares.

La manera en que se tejen las redes delincuenciales posibilita su recomposición, pero al tiempo limita el pretendido control de la ciudad. Estas redes alimentan lealtades, pero también competencia interna, sobre todo por el dominio de los nichos de la economía ilegal. La caída en desgracia de un personaje como Don Mario o como Douglas puede producir acciones de lealtades de algunos de sus lugartenientes, pero también genera un movimiento que activa la competencia interna por ocupar sus dominios. Todo ello produce turbulencia y recrudecimiento de los enfrentamientos entre grupos ilegales y trae consecuencias terribles para la convivencia en la ciudad. Y sin embargo, son erróneas aquellas miradas que suponen que su resurgir es cíclico y que la ciudad está condenada a padecerlos eternamente.

Por ese motivo, las actuaciones del Estado frente a este tipo de organizaciones hay que juzgarlas de manera menos cínica. Es preciso reconocer que sus resultados no constituyen “el golpe definitivo” a la delincuencia y a los nichos de economía ilegal. Y es preciso, igualmente, aceptar que la posibilidad de que actuaciones genuinas por parte de los niveles local y nacional del Gobierno, combinadas con acciones permanentes de la ciudadanía reclamando su derecho a vivir en paz, constituyen un activo que se ha consolidado en la ciudad. Mal haríamos en arriesgar tan valioso activo con el rumor o el juicio pesimista de las circunstancias.

 

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