Combustibles y canasta familiar

EL PASADO MARTES, POCAS HORAS antes de iniciarse el paro de camioneros, el Presidente de la República anunció en un comunicado la reducción de 400 pesos en el precio del galón de la gasolina y el diésel.

Los camioneros, en desacuerdo, estiman que la reducción fue  insignificante, exigen el cumplimiento de otros puntos de los acuerdos suscritos entre el gremio y el Gobierno tras el cese de actividades del año pasado e insisten en el paro. El Gobierno, tras argumentar que el precio de la gasolina y el diésel está 830 y 280 pesos por encima de su valor —y que, por consiguiente, la gasolina tendrá que subsidiar 120 pesos del diésel—, insiste en mantener el fondo de estabilización de precios de los combustibles.

La decisión del Gobierno de bajar el precio de la gasolina y el diésel, según lo explicó el ministro de Minas y Energía, Hernán Martínez, obedece a un cambio en las predicciones y de ninguna manera a una variación de las políticas estatales. Los precios, se nos dice, disminuyeron más rápido de lo que se pensaba. Y no se descarta, desde ya, una nueva alza en el barril de petróleo. El fondo de estabilización de precios de los combustibles, contra todos los pronósticos, no será desmontado.

Al respecto, desde este mismo espacio ya habíamos cuestionado el carácter de reforma tributaria disfrazada —de reforma tributaria que, para serlo, ha debido contar con la aprobación del Congreso— que tiene la decisión impuesta por el Ejecutivo mediante decreto. Ahora que la crisis económica es un hecho palpable, nadie se explica que el Gobierno insista en congelar los precios. Y ello para no ahondar en las denuncias hechas por Salomón Kalmanovitz, columnista de El Espectador, frente al incremento en el precio del etanol por encima de los precios internacionales. Del errático e injusto modelo de la subvención, sostuvo el economista antes de que el Gobierno tomara la decisión de modificar la fórmula con la que establecía el precio del etanol, cuatro ingenios azucareros se estarían lucrando.

Razón no les falta a quienes estiman que las incongruencias gubernamentales en el manejo de la política de combustibles confirman que se está procediendo a partir de altos niveles de improvisación. En un comunicado reciente, el Gobierno explicaba que mantuvo por varios meses el elevado precio de los combustibles para evitar que, en el caso de que el petróleo subiera de precio, se afectara el dinero destinado a subsidios sociales, ya que “es más urgente subsidiar las tarifas de energía de los sectores más deprimidos que subsidiar el combustible de los que tienen carro”. Pero si, como se sabe, el alto precio de los combustibles encarece los alimentos, no se entiende por qué no se consideró igual de urgente aliviar el costo de los alimentos abaratando el diésel y la gasolina.

Es más, a principios del año el entonces ministro de Agricultura, Andrés Felipe Arias, atribuyó la pérdida de poder adquisitivo de los consumidores colombianos a la inflación de los alimentos del año pasado, causada, según él, “por unas variables externas como lo fueron el precio del petróleo y el invierno”. En días pasados, sin embargo, el ministro de Minas y Energía prácticamente afirmó lo contrario y cuestionó el que se diga que el precio de la gasolina tiene alguna relevancia en el costo de la vida. Antes que la gasolina, sostuvo, es el diésel el que tiene un impacto, y cuestionable en razón a que las tarifas de transporte están establecidas.

En suma, la inflación y las alzas en los alimentos se debían en 2008 al alto precio de los combustibles; ahora que éstos disminuyeron su precio, se nos niega su incidencia. Hoy, en plena crisis, el Gobierno deberá responder si se están tomando todas las medidas necesarias para evitar que los ciudadanos con menos recursos gasten más dinero del necesario en su alimentación.

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