Desde julio bajarían tarifas de acueducto y alcantarillado

Se controlará que el pago para inversión, que hacen los usuarios en la factura, garantice cobertura y calidad del servicio.

Este miércoles, la Comisión de Regulación de Agua Potable y Saneamiento Básico (CRA) anunció que a partir del segundo semestre de 2009 las tarifas de acueducto y alcantarillado se reajustarán; pues en este nuevo periodo se van a producir correctivos para evitar que las empresas sobredimensionen los planes de expansión.

Así se les garantizará a los usuarios que el monto que pagan en la factura por inversión empresarial sea efectivo y se dirija a aumentar la cobertura del servicio de agua.

La CRA reconoció que en años anteriores había sido muy laxa en controlar esos planes de expansión, antes no se vigilaba que estuvieran dirigidos a garantizar coberturas y a mejorar la calidad. Sin embargo, los usuarios seguían pagando la misma tarifa sin saber si el servicio, en este sentido, mejoraba sus condiciones y su calidad.

El concejal de Bogotá, Carlos Vicente de Roux, dijo que por parte de la CRA había un descontrol en el tema de esos planes de expansión, los cuales representan la cuarta parte de lo que se paga en una factura, por lo que manifestó de vital importancia controlar ese componente de la tarifa.

“La CRA introduce en la nueva fórmula tarifaria unos estímulos que premian la pertinencia de las inversiones, que garantizan que esas inversiones de verdad traigan mejores condiciones y mejor calidad” agregó el Cabildante.

De esta forma, se castiga las inversiones que se le cobran a los usuarios y no tienen esos impactos benéficos en cobertura y calidad.

Este reajuste regirá hasta el año 2014. El concejal Jaime Caicedo dijo que el monto que pagan los ciudadanos por este servicio ha venido incrementándose de forma exagerada en los últimos diez años debido al desmonte de los subsidios aplicado por el Gobierno Nacional.

“Para el estrato 1 el aumento ha sido del 137%, para el 2 de 81.7%, para el 3 de 65.56% y para el 4 de un 3.97%. Si la nueva reliquidación no tiene en cuenta las circunstancias económicas y sociales por las que atraviesa la población, agravará sustancialmente la estabilidad financiera de las familias bogotanas, por lo cual se hace necesario que la metodología para el ajuste de las tarifas considere razones de equidad y justicia social de forma que el impacto sea el menor posible” explicó Caicedo.

Así mismo, puntualizó en que “uno de los argumentos esgrimidos por la administración y la CRA es que los costos de operación y mantenimiento de las plantas de tratamiento de aguas residuales Salitre, Salitre II y Canoas deben ser financiados vía tarifas, lo que implicaría que los usuarios del servicio de agua terminarían pagando de sus bolsillos cerca de $158 mil millones en esta primera fase, hecho que empujaría las tarifas a un nivel impagable para miles de ciudadanos y ciudadanas. Esto agravaría aún más la ya difícil situación de los usuarios de acueducto y alcantarillado, toda vez que en la actualidad 250.000 suscriptores se ven desconectados anualmente del sistema por imposibilidad del pago de sus facturas”.

Caicedo agregó que “una nueva alza no sólo es inadmisible, sino que va en contravía de las exigencias de grandes núcleos de población que, a través del Referendo por el Agua, están proponiendo, entre otras cosas, la fijación de un básico vital gratuito que garantice el suministro de líquido esencial para la sobrevivencia, mientras que la CRA lo que sugiere es el desmonte total de subsidios para el estrato 3, afectando a más de 582 mil familias que se ubican en él”.

Al respecto, la CRA dijo que nunca ha sugerido el desmonte total, ni parcial de los subsidios para el estrato 3 de la Ciudad de Bogotá ni de ningún lugar del país. "Estos subsidios se mantendrán hasta que las Leyes dispongan otra cosa, pues la Comisión no tiene dentro de sus facultades la eliminación de los subsidios".

Finalmente, el concejal Caicedo dijo que en la actualidad, la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá percibe utilidades operacionales y financieras que bien podrían destinarse a costear la operación de dichas plantas de tratamiento, sin afectar la ya de por sí disminuida capacidad de pago y los ingresos efectivos que las familias deben destinar al cubrimiento de sus facturas de agua y alcantarillado.