La orden de captura contra Santos

LA ORDEN DE CAPTURA EMITIDA por un juez ecuatoriano contra el ex ministro de Defensa Juan Manuel Santos por hechos derivados del bombardeo en que murió el jefe guerrillero Raúl Reyes en marzo de 2008, toca fondo en un escenario que se fue agravando con el correr de los meses y que puede suscitar peores circunstancias si no se buscan soluciones inmediatas:

las deterioradas relaciones entre dos naciones hermanas, cuyos gobiernos siguen aferrados a sus razones para defender u oponerse a la acción militar en que cayó abatido el segundo hombre de las Farc junto a 25 personas más.

Más allá de la discusión jurídica sobre la competencia del juez ecuatoriano o de los mecanismos implementados por el Gobierno colombiano para neutralizarla legalmente, lo claro es que la orden de captura existe, fue notificada a la Interpol y las principales autoridades cívicas y judiciales del vecino país le dieron su respaldo público. En otras palabras, así predominen en Colombia las voces de quienes la descalifican, no se trata de la acción solitaria de un juez protagónico. De una u otra manera el Estado ecuatoriano parece verse interpretado con su decisión. Y eso es lo grave.

Esta vez Ecuador enfiló baterías contra el ex ministro Santos, pero en los últimos meses ya lo había hecho sin personalizar sus señalamientos, primero ante la Corte Internacional de Justicia de La Haya por los efectos que en su criterio causan las fumigaciones contra cultivos ilícitos en la zona fronteriza; y hace apenas unas semanas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos por la muerte del ecuatoriano Franklin Aisalla en el campamento de Raúl Reyes. Es decir, Ecuador sigue afilando sus argumentos para llevar la pugna con Colombia hasta los estrados judiciales.

Colombia tiene poderosas razones para defenderse y puede hacerlo con la solidez jurídica de sus especialistas, pero en su dilema con Ecuador por el bombardeo al campamento de Raúl Reyes han prevalecido más sus argumentos políticos. “Son piruetas de los auxiliadores de las Farc”, “es la guerra jurídica y política internacional o doméstica”, señala el presidente Uribe y en diversos sectores suscita adhesión y aplausos. Pero en los terrenos del derecho internacional y de la diplomacia, ya es hora de que se despliegue una réplica que permita pasar la página de la pelea entre Ecuador y Colombia.

Hace 15 meses que las dos naciones tienen truncas sus relaciones internacionales y no aparece quién impulse un aire de distensión que las enrute. Es cierto que los mandatarios de Ecuador y Colombia, ambos fortalecidos por la opinión pública de sus sociedades, defienden inamovibles en su controversia. Pero es insólito que una amistad fortalecida por la historia y demasiados vínculos de hermandad hoy esté completamente resquebrajada por cuenta de las Farc. Y puede suceder con Venezuela, Perú o Panamá sin que unos u otros entiendan que los violentos ganan cuando la legalidad cede.

Por esta razón esencial es que la medida del juez ecuatoriano, vista desde la perspectiva de quienes han sufrido los desmanes de las Farc aquí o allá, raya en lo absurdo; y por idéntico argumento se hace necesario preservar la inmunidad del ex ministro Santos en este espinoso caso. Hoy es el ex ministro de Defensa, mañana puede ser el propio presidente Uribe Vélez. Y otro día más puede ser un pretexto cualquiera en la zona de frontera que desate un lío mayor. Una bomba de tiempo que requiere desactivarse y que a la vista ofrece dos escenarios idóneos: la diplomacia y el derecho.

 

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