Las enseñanzas de Magangué

EL PASADO DOMINGO SE CELEBRAron las elecciones atípicas de Alcalde municipal en Magangué, Bolívar, luego de que el Consejo de Estado declarara nula la elección de Anuar Arana Gechem, inhabilitado en el momento de inscribirse para las elecciones de 2007. Como algunos lo vaticinaron, resultó vencedor Arcesio Pérez Bello, del movimiento Apertura Liberal.

Hay quienes sugieren que la gran artífice de la elección del señor Pérez fue la controvertida empresaria del chance Enilse López, cuyos líos judiciales incluyen vínculos con grupos armados ilegales y supuestos homicidios. Pese a encontrarse disfrutando del beneficio de casa por cárcel en Barranquilla por aparentes quebrantos de salud, La Patrona, que es como algunos le llaman en voz baja como si invocar su presencia fuera ya arriesgado, estuvo presente en el municipio haciendo proselitismo político semanas antes de los comicios.

Lamentablemente la estratégica ubicación geográfica del municipio lo ha convertido en un fortín de ilegalidad. La presencia de narcotraficantes y bandas emergentes como las ‘Águilas Negras’ y los ‘Paisas’, provocó un aumento en los homicidios, amenazas a líderes sociales, reclutamiento forzoso de menores de edad, desplazamientos y presiones sobre los actores del proceso electoral.

Por ello las elecciones del pasado domingo fueron altamente custodiadas. Autoridades nacionales, la OEA y la Misión de Observación Electoral (MOE) de Colombia, hicieron presencia para prevenir que se cometieran delitos electorales. Cuentan quienes asistieron a esa tarea, para muchos quijotesca, de ejercer veeduría ciudadana para arrebatarles las elecciones a los violentos, que después de conocido el conteo de la mayoría de los votos, algunos sujetos les hostigaron   con frases amenazantes del tipo de “guerrilleros, ahora sí los vamos a sacar”.

De acá que la sola observación de las elecciones, por mucho que la MOE o la OEA lo intenten, no puede evitar que intereses oscuros actúen en los procesos electorales. Aunque no es nuevo ni único de Magangué, se dice que el voto tenía un precio que oscilaba entre 50 y 100 mil pesos. Y se sabe también de un panfleto que circuló en las calles instando a acudir a la urnas en “defensa de la democracia”. Frente a esto, asistir como lo hacen los veedores ciudadanos en el día de las elecciones a los puestos de votación no es suficiente. En casos de fraude, éste puede gestarse con semanas de anterioridad.

Por lo demás, para ello están las instituciones del Estado, verdaderos entes encargados de investigar y sancionar todas aquellas conductas que atenten contra la transparencia electoral. Sólo hasta cuando se acepte que la transparencia de todos los procesos electorales es responsabilidad tanto de autoridades y ciudadanos se garantizarán las elecciones libres que el país requiere. Y ahora que se avecinan unos meses de agitada agenda electoral con las consultas internas, las elecciones de Congreso y Presidente, el mensaje para las autoridades es de urgencia.

Por ahora Magangué es sólo un ejemplo más de la problemática electoral de un país en conflicto. A pesar de los esfuerzos de las instituciones del Estado y la sociedad civil, los grupos armados ilegales tienen influencia sobre el proceso electoral y para contrarrestarla se requiere mucho más que la Reforma Política recientemente aprobada.

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