La trascendencia del catastro nacional

EL ANUNCIO DEL PRESIDENTE ÁLvaro Uribe acerca del aumento del recaudo catastral pasó casi desapercibido. Pero la noticia del incremento del 42% en dicho recaudo entre 2002 y 2008 es excelente para el país y tiene profundas implicaciones en el fortalecimiento del estado local y regional.

Según indicó el presidente Uribe el pasado jueves, mientras que en 2002 se recaudaban por ingreso catastral un billón 760 mil millones, en 2008 la cifra ascendió a dos billones 510 mil —cifras que excluyen a Medellín, Antioquia, Bogotá y Cali, por no ser competencia de la Nación—. A esto se suman los importantes avances en materia de actualización catastral. Entre 2002 y 2008 el número de predios actualizados aumentó del 30 al 70% en las zonas urbanas y del 15 al 53% en las zonas rurales.

En plata blanca, esto quiere decir que el Estado tiene más y mejor información sobre la propiedad en Colombia, que el valor de los predios urbanos y rurales sobre el que se cobran los impuestos se acerca más a la realidad y que por estos motivos el impuesto predial se cobra a más gente y su recaudo es más alto. Todo esto adquiere gran relevancia al tener en cuenta que los dueños de la tierra en Colombia han sido eternos evasores de impuestos. De hecho, la actualización del catastro y el cobro del impuesto sobre la tierra y la propiedad son tareas aplazadas, precisamente porque los terratenientes han influido sistemáticamente en las instituciones del Estado a nivel local, regional y nacional con el fin de torpedear la ampliación de la tributación.

Las consecuencias institucionales de esta situación no han sido pocas, pues como las sumas que recibe la gran mayoría de los municipios colombianos por concepto de tributación no son las más altas, el Estado a nivel local ha enfrentado grandes obstáculos para operar efectivamente. Esto se traduce, por ejemplo, en dificultades para financiar un cuerpo de Policía que garantice la seguridad de la población, o en la falta de recursos para construir obras de infraestructura que generan desarrollo. Tal y como lo ha venido señalando el columnista de El Espectador Salomón Kalmanovitz, la debilidad institucional generada por esta situación facilitó el ingreso de los actores armados, y muchos terratenientes, aduciendo abandono estatal, prefirieron pagar a grupos de autodefensa privados que pagar impuestos a sus municipios y departamentos. En sus palabras, los dueños de la tierra que tanto se quejan de la ausencia del Estado son los que menos han contribuido a construirlo, al punto que las contribuciones del sector rural son 20 veces menores a su participación en el producto nacional.

De esta manera, la falta de ingresos propios derivados del pago de impuestos como el predial y la extrema dependencia de las transferencias de la Nación han reproducido en casi todos los municipios colombianos condiciones de fragilidad e inoperancia de las instituciones del estado local. Asimismo, las enormes diferencias de bienestar y calidad de vida entre unos municipios y otros están íntimamente relacionadas con esta posibilidad de generar ingresos propios y recaudar impuestos.

Es entonces fundamental que el Gobierno ayude a ampliar la tributación en el campo y las ciudades colombianas, y continúe en el camino de actualizar el catastro, tal y como lo ha venido haciendo.