Por el desarme ciudadano

EL HOMICIDIO DE UN JOVEN BArranquillero a manos del jugador de fútbol profesional Javier Flórez, perteneciente al subcampeón Júnior, deja múltiples lecciones.

La primera y más notable, el desprecio por la vida que sigue imperando en Colombia. Más allá de si la conducta del deportista fue dolosa o producto de la irresponsabilidad por el exceso de licor, el hecho en sí demuestra cómo la violencia es protagonista diariamente en nuestras ciudades y de qué manera hoy se saldan los problemas por la más nimia discusión en nuestras calles: a bala, aplicando justicia por mano propia.

El episodio lo demuestra y deja planteada una segunda enseñanza: la inutilidad de poseer armas y, sobre todo, de portarlas. ¿Qué hace un deportista consagrado, titular de uno de los equipos de fútbol más queridos por su afición, cargando un arma y con ella, más allá de su intención, provocándole la muerte a un ciudadano que seguramente en otra circunstancia pudo haberlo elogiado? La respuesta no puede ser otra que el error de poseerla, cualquiera sea el motivo. Y por consiguiente la necesidad de insistir una vez más en el desarme como una política de Estado, sobre todo a nivel urbano.

¿Cuántos colombianos no han terminado en las cárceles por el mismo desatino? ¿Y cuántos más dejaron viudas y huérfanos por encarar a un energúmeno, de tantos que abundan en nuestros campos y ciudades? La frase que resume diariamente esta cíclica tragedia terminó aportándola el director técnico del Júnior, el estratega uruguayo Julio Comesaña, cuando manifestó: “Dos vidas se han perdido”. La del aficionado, que ya es irrecuperable, y la del futbolista, que arruinó su presente y comprometió su futuro. Lo peor es que todos los días se repite esta historia con distintos protagonistas.

No valen las súplicas de la Iglesia Católica y de otros cultos clamando por el valor de la vida; no son suficientes las acciones coercitivas del Estado para castigar el homicidio; no surten efecto las campañas educativas que reclaman tolerancia y respeto ante el dilema. Se mata a diario en Colombia y sobre todo en las grandes ciudades impera una sensación de inseguridad sin soluciones a la vista. Hay demasiados asesinos sueltos y muchos otros más que lo son en potencia, en la medida en que sin necesitarlo portan armas que se activan a la más mínima provocación o por una simple pendencia.

Unos dicen que es la pérdida de valores familiares en una sociedad desigual y violenta; otros, que es producto de la descomposición social con los lastres que traen consigo el analfabetismo y la pobreza. Cualquiera sea la razón sociológica, nada justifica tanta agresividad y tampoco existen razones válidas que habiliten que tanta gente ande armada. Y mucho menos un deportista profesional, así exprese que su infancia y su adolescencia se desarrollaron en medio de extremas dificultades. La vida es sagrada y este axioma no tiene restricciones en materia de condición social u oficio cotidiano.

Varios alcaldes así lo han entendido y, por la vía de la persuasión o de su capacidad reglamentaria, han insistido en la necesidad del desarme. No cabe duda de que ese es el camino. De hecho, varios de los precandidatos a la Presidencia de la República saben que ese será uno de los temas cruciales de la campaña en marcha: ¿cómo neutralizar los crecientes índices de violencia común, especialmente en las urbes? Con educación y ley, pero también con desarme. De haberlo entendido así, seguramente la familia del Júnior de Barranquilla no estaría viviendo el trago amargo que hoy la enluta.

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