El Congreso y el fallo del Consejo de Estado

A UN AÑO DEL FIN DE SU PERÍODO legal, el Congreso de la República protagoniza un nuevo episodio bochornoso.

Tras una investigación de dos años, el Consejo de Estado anuló el pasado martes las elecciones de 2006 al Senado. Sendas irregularidades en al menos 35.000 votos depositados en cerca de 1.500 mesas de votación, se traducen hoy en la posible ilegitimidad de la elección de honorables senadores de los partidos de la U y Liberal, principalmente.

La concienzuda pesquisa develó la utilización de técnicas tradicionales para el fraude electoral. Muertos y menores de edad sufragaron —a veces en más de una mesa—  y se registraron fenómenos de suplantación de votantes y jurados. A pesar de la inminencia de los delitos cometidos y la tardanza con que se pretenden corregir, los senadores seguirán en el ejercicio de sus funciones hasta que se realice un nuevo escrutinio y el impacto de los votos irregulares en la elección de cada uno de ellos sea determinado.

El fallo, no obstante su contundencia, no ha generado mayores reacciones entre los directos implicados ni entre la opinión pública. Aunque el efecto de las anomalías es pequeño, no por ello es intrascendente, como parece que más de uno lo considera. El mismo Consejo de Estado emitió, en 2005, un fallo casi idéntico sobre las elecciones de 2002, el cual generó posteriormente cambios en tres curules.

La sistematicidad de las infracciones electorales pone de presente un problema de fondo y da luces sobre la compleja red de corrupción que se teje detrás de cada elección en nuestro país.

La captura del Congreso de la República a manos de actores armados ilegales, a su vez, pasó sin duda por una fase de constreñimiento al electorado e intervención directa en los comicios, pero no se detuvo allí. Con 16 senadores involucrados, acusados o condenados por parapolítica, es de temer que el Congreso haya legislado a favor de grupos privados, en detrimento del bienestar general.

La complejidad de la situación obliga a tomar medidas en diferentes frentes. El trabajo de blindaje de las elecciones por parte de organismos estatales debe hacerse con suficiente antelación y merecen aplausos los esfuerzos que en este sentido emprendan organismos multilaterales y organizaciones de la sociedad civil. Asimismo, urge la actualización del censo electoral a  manos de la Registraduría Nacional del Estado Civil, para contrarrestar el gran porcentaje de muertos que votan. Hay quienes también aconsejan la implementación de mecanismos como la huella electrónica.

Deben también combatirse los injustificables retrasos en la identificación de posibles fraudes. Para que la Registraduría General de la Nación y el Consejo Nacional Electoral detecte irregularidades a tiempo, es preciso hacer algunas modificaciones al régimen vigente, pues en la actualidad ni el Consejo Electoral ni la Registraduría tienen competencia para pronunciarse sobre aspectos conocidos por el Consejo de Estado.

Con todo, cabe preguntarse por la efectividad de estas medidas en un contexto de impunidad. Situaciones de posible fraude rampante, como la registrada hace tan sólo una semana en las elecciones atípicas de Magangué, en donde se denunció la participación directa de alias La Gata, quien goza del beneficio de casa por cárcel, no pueden sino reforzar el mensaje de que el crimen paga y no tiene costos. Recordemos que nada atiza más el juego de la ilegalidad, que la impunidad.

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