La terna al desnudo

LA ELECCIÓN DEL NUEVO FISCAL General de la Nación por parte de la Corte Suprema de Justicia, después de que el Gobierno Nacional postuló a Camilo Ospina, Virginia Uribe y Juan Ángel Palacio Hincapié y se dio la primera audiencia pública que se practica en el país para quienes aspiran al cargo, promete ser una decisión difícil y polémica.

Como es el caso de la Comisión Colombiana de Juristas, hay quienes estiman que es preciso devolver la terna. Otros, menos inconformes, consideran que la presencia de la Corte Suprema es garantía suficiente de contrapeso al poder postulador que tiene el Ejecutivo.

La audiencia pública televisada permitió un primer acercamiento a los candidatos, su bagaje y preparación. El resultado, infortunadamente, no fue el mejor para ninguno de los opcionados. Entendidos en el tema han dado a conocer sus conceptos y parece haber un acuerdo en que la falta de preparación de los ternados en materia penal es un problema real que no se remediará necesariamente con la presencia de robustos equipos de asesores.

Tan maltrecha fue la experiencia, que una segunda oportunidad de compadecer ante la ciudadanía, convocada por Elección Visible para el vienes 10 de julio, fue rechazada de tajo por los aspirantes, aduciendo que su único compromiso era con la Corte Suprema. Se negaron pues a asistir a un foro en el que participarían reconocidos juristas, académicos, medios de comunicación y organizaciones sociales. Una decisión respetable, toda vez que nada les obliga, pero cuestionable para quienes consideramos que a mayor transparencia y cercanía de la ciudadanía en el proceso de elección del fiscal general, menores serán los motivos de intrigas y reclamos durante su desempeño.

La Fiscalía requiere de una persona altamente preparada, conocedora de los difíciles retos que supone llevar a feliz término la aplicación de la Ley de Justicia y Paz —por no mencionar, como se ha hecho en las últimas semanas, los inacabados procesos de la yidispolítica, la parapolítica, los “falsos positivos” y las interceptaciones ilegales del DAS— y, por lo mismo, lo suficientemente independiente de los poderes que la rodean. Contrario a esa necesidad palpable, el Gobierno sugirió el nombre de personas cuya cercanía al presidente Uribe no parece resistir el más mínimo análisis. Una terna mejor pensada y menos desafiante a la Corte Suprema nos hubiera ahorrado el espectáculo deplorable y la incertidumbre creciente en que estamos con este proceso.

Para muchos, Camilo Ospina no está calificado moralmente por haber firmado, en calidad de ministro de Defensa, la directiva ministerial 029 de 2005 que incentivó los tenebrosos “falsos positivos”. De Virginia Uribe, no obstante sus éxitos laborales, lo que se conoce es su cercanía al presidente Uribe en la gobernación de Antioquia y que ahora secunda, en calidad de contratista, a su Ministro de Transporte. Y en cuanto a Juan Ángel Palacio Hincapié, ahora venimos a enterarnos, tras la información de la W, que fue denunciado ante la Fiscalía hace un año por el ex magistrado auxiliar Hugo Alberto Marín, quien lo acusa de haber intentado intervenir en la decisión de un fallo. Pese a que la Corte Suprema ha hecho explícito que este no es causal de descalificación, queda en entredicho el riguroso estudio de las hojas de vida que el Gobierno ha debido hacer antes de escoger a sus candidatos.

La Corte Suprema se encuentra, entonces, en dirección a un posible callejón sin salida que antecede, sin más, a un impasse institucional que ha podido evitarse con una mejor selección de las personas puestas a consideración por el Gobierno a la hora de escoger los nominados a Fiscal General de la Nación.