En avance violento en México

LA VIOLENCIA EN MÉXICO CRECE EN intensidad, lo mismo que la enérgica reacción del Estado.

La respuesta a los ataques y amedrentamientos del crimen organizado parecería la correcta, toda vez que agentes ilegales tienen sitiado con sus excesos y abominables cortes de cuenta a más de un estado mexicano, si no a la nación misma.

El líder mormón Benjamín Le Barón, quien promovía la negativa a pagar por la cada vez más difundida práctica del secuestro, fue asesinado en el municipio de Galeana, estado de Chihuahua, donde la cifra de muertes el año pasado llegó a los 2.200. Desde que el presidente Felipe Calderón asumió el poder y lanzó su ofensiva contra el narcotráfico, en diciembre de 2006, más de 12.800 personas han caído en la batalla entre narcos, sicarios y las fuerzas del orden. Sólo en lo que va de 2009 el número de vidas segadas asciende a 3.702. Se sabe de 20 militares y 227 policías asesinados.

Ya hace un buen tiempo que se habla de narcopolítica en México. El narco controla comunidades, se ha extendido a las más representativas capitales del país y día a día son denunciadas presuntas relaciones con políticos. El gobierno lo sabe. En un solo estado fueron detenidos 30 alcaldes y las instituciones del país —Congreso, poder judicial y policía incluidas— ya estarían permeadas. Los politólogos sugieren la presencia de un Estado fallido.

El ejército, que recibió la bendición de la sociedad en pleno para asumir las labores de enfrentar a los grupos de narcotráfico, empieza a ser acusado formalmente de abusos a los Derechos Humanos. El gobierno de los Estados Unidos manifestó su preocupación por las crecientes denuncias recibidas. Y sin embargo, un editorial reciente de El Universal lanzó la siguiente perla: “Por más que se exija a los militares respetar los Derechos Humanos, la naturaleza de sus responsabilidades suelen apartarles de este objetivo”. La historia, se diría, es suficientemente conocida.

En la última semana la situación empeoró. Un total de 15 policías federales fueron asesinados en el estado de Michoacán en respuesta al arresto de Arnoldo Rueda, alias La Minsa. El cartel de La Familia ha sumido en incertidumbre y terror a todo el estado. En respuesta a tan desbordada situación, el gobierno decidió incrementar la presencia coercitiva en la zona: 5.500 miembros del Ejército, la Marina y la Policía Federal reforzarán los operativos. El despliegue de poder viene a reiterar el compromiso en la lucha contra el crimen y el narcotráfico. Flexibilidad, parece ser el mensaje, no habrá de ninguna índole.

Igual ocurrió frente a Servando La Tuta Gómez, uno de los principales líderes de la tenebrosa banda de La Familia, quien se dirigió a la opinión pública en son de negociación para explicar que su grupo respeta al Presidente y las Fuerzas Armadas, pero tiene como enemigos a los cuerpos policíacos y la Fiscalía. Tras sugerir ser tratados como “ejército regular enemigo”, en su declaración Gómez insta a que cesen la tortura, las desapariciones y los asesinatos. La opinión pública se pregunta en qué momento el crimen organizado pasó a exigir tratamiento de actor político y el gobierno rápidamente le contestó a Gómez, por quien se ofrece una recompensa de US$2,2 millones, que no transa con delincuentes. El propio ministro del Interior, Fernández Gómez Mont, sostuvo que “para los integrantes de los grupos delictivos no hay, ni puede haber, más alternativa que someterse a la ley”.

En ruta hacia la persecución abierta, como ha sido practicada en los últimos tres años, México se enfrenta a todo lo que Colombia ya vivió y aún transita. Nadie, ni acá ni allá, está dispuesto a cuestionar la confrontación al narcotráfico y el crimen que le está asociado. Hay principios que ningún Estado puede traspasar, pero también hay una experiencia que debería servir como ejemplo para no caer en los mismos errores. El mayor, haber dejado crecer el problema mirándolo de soslayo, ya lo han repetido. Ojalá con los siguientes tengan mayores precauciones.

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