Arranca la legislatura

EN LAS HORAS DE LA TARDE DE este lunes, el presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, instalará las sesiones ordinarias del Congreso de la República.

Ya antes, en reciente consejo comunal en Ginebra, Valle del Cauca, el Jefe de Estado manifestó en señal de apoyo que “en lugar de haber hecho un reparto de auxilios, este Congreso no ha tenido auxilios”. Lo propio hicieron algunos miembros del Gobierno, como el ministro del Interior, Fabio Valencia Cossio, que no escatimaron felicitaciones y expresiones de afecto para referirse al desempeño del Congreso en la pasada legislatura.

No obstante las interpretaciones del Ejecutivo, el actual Congreso legislará en medio de una profunda crisis de legitimidad, fruto de los múltiples escándalos que ha protagonizado en los últimos años. Al creciente número de congresistas investigados por la parapolítica —que asciende a 54, de los cuales 29 se encuentran ya en prisión— se suma ahora la anulación hecha por el Consejo de Estado de la elección a Senado en 2006 y la reciente investigación contra 34 congresistas que presuntamente habrían recibido notarías para que votaran a favor del proyecto que permitió la reelección presidencial en 2004.

Protagonista de un evidente desprestigio, e inmerso ya en una campaña electoral, el Congreso deberá pronunciarse sobre nuevas y viejas iniciativas. En primer lugar, la coalición de Gobierno se enfrenta al objetivo primordial de lograr que Senado y Cámara concilien el texto del referendo reeleccionista antes de la segunda semana de agosto.

Como ocurrió hace un año y en 2004, la bancada uribista le dará prioridad al referendo e impulsará, en lo que quede de tiempo, los proyectos bandera con los que arranca el Gobierno. El primero de éstos es sin duda la propuesta de ajuste tributario, que contempla la prolongación del impuesto al patrimonio, otrora considerado transitorio. Una iniciativa que en época electoral es de difícil aprobación, y que de cualquier manera no pasa de ser una reforma rápida y pequeña, a toda luz coyuntural, que desgasta al propio Gobierno en su supuesto interés de presentar una reforma tributaria de índole estructural.

Otros proyectos prioritarios del Gobierno se refieren a la aplicación y financiación de la justicia. Los planes de descongestión judicial, el arancel judicial y los delitos menores serán retomados, después de que se les archivara en la legislatura pasada. Se promoverán igualmente un nuevo Código de Policía y una modificación a la Constitución, con el fin de cambiar la forma como se definen las categorías de los municipios. A través de la aprobación de una extensión de los términos de la Ley de Justicia y Paz, otra polémica reforma pretende que los integrantes de grupos al margen de la ley desmovilizados después de 2005 puedan beneficiarse de ésta.

Mientras las mayorías se concentran en estas iniciativas, la oposición buscará hundir, en su segunda vuelta, el improvisado acto legislativo que pretende prohibir el porte de la dosis mínima y criminalizar a los distribuidores de droga. Quien consume, no importa la cantidad, frecuencia, circunstancias, motivación o tipo de droga ilegal, en adelante será considerado un enfermo, y por esa vía espera el Gobierno mostrar que su interés es el de adoptar una posición menos dogmática frente al consumidor.

En otro flanco, el senador Juan Fernando Cristo presionará la aprobación de un nuevo proyecto de ley de víctimas. Una encomiable pero difícil decisión, toda vez que el Gobierno ya anunció la radicación de su propio proyecto. Es de esperarse que la exclusión de las víctimas de Estado, para muchos diferentes de las víctimas de la violencia de los grupos armados, siga siendo el rasero con el que se concibe la reparación.

Por último, para el Ejecutivo es de vital importancia estimular la rápida reglamentación de la reforma política. Presentará dos proyectos, uno sobre financiación y anticipos para las campañas políticas, y otro que establece sanciones para los partidos y directorios que otorguen avales a candidatos que posteriormente resulten investigados por nexos con grupos terroristas, narcotraficantes o inmersos en delitos de lesa humanidad. Como siempre se ha dicho, una medida necesaria pero tardía por no ser aplicable a aquellos que ya se han beneficiado del crimen organizado para hacer política. Al respecto, analistas concuerdan en que, como lo expresó el propio presidente, el objetivo para esta nueva legislatura es el de mantener “eso que los politólogos llaman gobernabilidad”.