Uribe dice que propondrá al Congreso nuevo ajuste tributario

El mandatario Álvaro Uribe habló de confianza inversionista, situación fiscal y empleo.

Respecto al primero, el presidente Álvaro Uribe dijo que "la confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento".

De igual forma, señala que "la inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional".

En cuanto a la situación fiscal y de ajuste tributario, el mandatario señaló que "una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión", razón por la cual planteará una nueva iniciativa al Congreso de la República.

En cuanto al empleo, el Jefe de Estado apuntó a decir que "el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión,  de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.

Confianza inversionista

Nuestro país necesita una tasa elevada y sostenida de inversión. Ésta ha pasado del 14% del PIB a porcentajes entre el 24% y el 28%. Aun en medio de las dificultades de la economía, en el primer trimestre se situó en 25% del PIB. La inversión extranjera directa ha crecido de picos de 2 mil millones de dólares anuales a cifras de 8 mil, 9 mil 28, 10 mil 564. A cierre de junio acumulaba 4 mil 149, con un 11.9% de disminución frente a 2008 pero sensiblemente superior al comportamiento tradicional.

A pesar de que en el mundo el turismo se ha reducido en un 8%, en Colombia, en medio de la crisis, durante el primer semestre de este año se presentó un incremento del 10% de visitantes internacionales que pasaron de 578 mil a 638 mil. La Asociación Nacional de Anunciantes, ANDA, ha reportado que durante el período enero a junio se dio un crecimiento del 8% en el total de la pauta publicitaria.

Nuestro objetivo es que Colombia sea un país líder en inversión con responsabilidad social. Ésta significa transparencia en las relaciones entre inversionistas y el Estado, compromiso con el bienestar comunitario, por ejemplo en temas ambientales, fraternidad en las relaciones laborales por oposición al odio de clases y al capitalismo salvaje, y además el concepto del capital como factor de creación de riqueza social y no como activo de especulación, distorsión que originó la actual crisis de la economía mundial.

La confianza inversionista requiere seguridad física y jurídica, determinación política para estimularla, buen manejo de la economía y capacidad de introducir ajustes en cada momento. Ajustes dentro de la senda que conduzca a objetivos definidos con claridad, sin incurrir en el extremo del estancamiento y tampoco en alteraciones bruscas de rumbo, o bandazos.

El Congreso ha aprobado reformas estructurales con gran valor político, a pesar del riesgo derivado del discurso antagónico. La nueva legislatura trae afanes en reformas a la justicia, para su descongestión, los recursos del arancel judicial y el tratamiento de las pequeñas causas con el propósito de superar la impunidad. Millones de colombianos esperan con ilusión la penalización de la dosis personal de droga que ha sido una puerta que vincula niños al crimen organizado.

El Gobierno por su parte debe continuar la reforma de la administración, que se ha dado en 427 entidades y se constituye en el mejor legado a las finanzas públicas, con un ahorro equivalente a 6.28% del PIB, con soluciones a los pensionados como en Telecom, a las necesidades de inversión como en Ecopetrol y a la calidad de los servicios a los ciudadanos como en las clínicas del Seguro Social, que hacen el tránsito del desgreño estatal a la eficiencia social, del estado burocrático acaparado por politiquería y exceso de costos, al estado comunitario con austeridad y eficiencia.

Los tratados de comercio, promoción de inversiones y desmonte de la doble tributación, son señales de mucho impacto para generar inversión. Debemos continuar avanzando en ellos, en casos como los Estados Unidos con esa difícil mezcla entre urgencia y paciencia.

Situación fiscal y de ajuste tributario

Los niveles que alcanzaron el déficit y el endeudamiento empezaron a crear dudas sobre la tradicional estabilidad macroeconómica de Colombia. Luego de reducir el endeudamiento del 48% del PIB al 22% y el déficit en el gobierno central del 6.5% al 2.34%, porcentajes que incluyen las transferencias al Seguro Social para el pago de pensiones, estamos obligados a elevarlos para enfrentar la crisis de la economía, siempre con el cuidado de no regresar a tendencias de grave riesgo.

Propondremos al Congreso un ajuste tributario como decisión de responsabilidad fiscal frente a la crisis, sin afectar la esencia de los estímulos a la inversión aprobados por el Congreso en los últimos años.  Sería absurdo desmontarlos cuando apenas empiezan a producir frutos. Las decisiones de inversión no se toman de la noche a la mañana, en muchos casos se empieza a conocer a Colombia, estos procesos demandan plazos para madurar. Una reforma estructural, de tarifa plana reducida, eliminaría la progresividad, necesaria en la justicia social y también aboliría el tratamiento más favorable a la inversión.

La democracia colombiana se ha honrado con el hecho de que los sectores más pudientes hayan financiado la Seguridad Democrática con el impuesto al patrimonio.  Se pedirá un nuevo esfuerzo, transitorio, con contribuciones que empiecen a recaudarse en 2011.

En 2006 el Congreso elevó del 30 al 40% la deducción tributaria que promueve la reinversión de utilidades y la hizo definitiva.  Proponemos regresarla al 30% de 2003 y mantener la norma más reciente que no la deroga al darse un reparto posterior de utilidades. El proyecto prohíbe acumular los estímulos de zona franca y deducción de inversiones.

Los contratos de estabilidad, también autorizados por el Congreso, son necesarios como instrumento de seguridad jurídica en el largo plazo, que hace posible la decisión de inversión.  Los contratos no han incluido la suma de los estímulos de zona franca y deducción de inversiones, se ha resuelto garantizar como deducción un tope del 30% de la inversión y no excluir la posibilidad de tarifas transitorias al patrimonio.

Pensamos que estos ajustes equilibran la seguridad sobre las reglas de juego y las necesidades fiscales de la Nación.  La confianza inversionista necesita tanto de los estímulos como de la estabilidad fiscal, que son variables inseparables.

Estos ajustes contribuyen a recuperar  el grado de inversión  y a obtener financiación en momentos tan difíciles de la economía.  Nos apartamos de la tesis de que en lugar del impuesto al patrimonio se debería incrementar el endeudamiento; resulta lógico que sin el impuesto la obtención de crédito puede ser más costosa y por qué no, más difícil.

A propósito del gravamen a los patrimonios es bueno anotar que gracias a la actividad del Instituto Geográfico Agustín Codazzi, durante el período de Gobierno, el avalúo inmobiliario, que no refiere a los cuatro catastros autónomos, ha pasado de 204 billones de pesos a 452, con un aumento promedio anual del 10.6%.

Normas laborales y empleo

El tema laboral es un asunto normativo de mucha sensibilidad. No estamos de acuerdo con derogar beneficios a los trabajadores ni con crear obstáculos al empleo. Eliminar los parafiscales traería incertidumbre al SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y cajas de compensación, que tanto aportan a la equidad.  Aprobar la contrarreforma laboral acarrearía dificultades a millones de empleos en los servicios como hospitales, hoteles y otros, que trabajan 24 horas, dominicales y festivos. El aumento de la beca a las madres comunitarias las ha motivado, pero de laboralizarlas se decretaría la liquidación del ICBF. Las cooperativas de trabajo asociado deben garantizar estabilidad, la remuneración de todos los factores, afiliación a la seguridad social y  no deben ser intermediarios laborales.

Colombia, en sucesivas reformas laborales, ha logrado un equilibrio entre las garantías de estabilidad a los trabajadores y el margen de flexibilidad para los empleadores. El análisis crítico de los costos laborales debería hacerse en concordancia con la tributación en general y los incentivos a la inversión en particular.

Pensamos que hoy el empleo no depende de nuevas normas laborales, sino de la posibilidad de recuperar un alto nivel de actividad económica, de sostenidas y altas tasas de inversión,  de mejorar la productividad a través de la educación y la infraestructura, y de apoyar más la competitividad con la investigación y la exploración de los nuevos oficios.

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