Ciudadanía sin desplazados

CELEBRAMOS POR ESTOS DÍAS, Y EN lo que queda de tiempo hasta el próximo 20 de julio, la llegada del Bicentenario de la Independencia.

Fiestas, discursos, conciertos y actos conmemorativos nos invitan a reconsiderar el pasado con la intención de construir un mejor futuro. La libertad alcanzada por nuestros antepasados parece ser el elemento definitorio de las efemérides, aquello que es preciso recordar y traer al presente. Sectores de todas las tendencias evocan la importancia de la memoria, esa palabreja más bien abstracta que de un tiempo para acá se usa y abusa. Los políticos, claro está, no son la excepción.

El alcalde Samuel Moreno, en un texto firmado por él en la revista Semana, explica que es preciso preguntarnos por el sentido que tiene la conmemoración del Bicentenario para Bogotá. “En el contexto actual —sostiene— cobra enorme relevancia proponer y reclamar una institucionalidad y una democracia cimentadas en la garantía de los derechos de todas y de todos”. Una democracia, nos dice, fundada “en el ejercicio pleno de la ciudadanía”. Y ello con la intención, loable, de “construir identidad”.

Todo lo cual, sin embargo, requiere de una mirada crítica que haga de esta celebración, más allá de la pura fiesta, los globos aerostáticos y las declaraciones de corte procedimental, algo productivo. Vista la situación que atraviesan los desplazados en Bogotá, muchos de ellos afrocolombianos oriundos del Pacífico e indígenas provenientes de los lugares más remotos del país, no está de más preguntarse: ¿A la identidad y ciudadanía de quién se refiere, a fin de cuentas, el Alcalde Mayor de Bogotá?

Pese a ser una de las ciudades del país con mayor número de desplazados (más de 204 mil según cifras de Acción Social) y recibir diariamente en promedio 60 familias en la misma situación, Bogotá se está quedando corta en medidas para enfrentar la profunda crisis social que se le avecina. El asentamiento de aproximadamente 800 desplazados que habitan, desde el mes de abril, el Parque Tercer Milenio, ha sido beneficiario de los servicios médicos y sanitarios del Distrito. Como este, otros dos albergues hospedan desplazados provenientes de diversas regiones del país. Las acciones adoptadas, sin embargo, resultan más que insuficientes.

Es inconcebible que sólo ante la muerte de una recién nacida por causa de la influenza AH1N1, las distintas dependencias de la ciudad se hayan percatado de las precarias condiciones sanitarias de los diferentes albergues y asentamientos. Preocupados ante el riesgo de contagio de la pandemia, las autoridades del Distrito trasladaron inmediatamente a 24 familias de la comunidad embera katío, a la que pertenecía la niña infectada, a un albergue de aceptables condiciones higiénico-sanitarias y alimenticias. Y temiendo por la suerte de los 800 desplazados hacinados en el Tercer Milenio, se tomaron disposiciones como la realización de un censo, la llegada de asistencia médica masiva y la declaración de una cuarentena, para lo que se instaló un cordón sanitario, compuesto por una malla metálica y una lona verde.

Los alarmantes cuadros de salud de estas familias, que aunque no presentaron síntomas de la nueva influenza sí muestran altos niveles de desnutrición y enfermedades como tuberculosis, pulmonía y cáncer, dan cuenta del descuido de las autoridades. Los desplazados y sus líderes manifiestan un justificado cansancio hacia las soluciones temporales, por lo que exigen intransigentemente soluciones a largo plazo, tales como vivienda y capital para iniciar un proyecto productivo.

Pero si el Gobierno Distrital peca por la insuficiencia de sus medidas, el Gobierno Nacional es protagonista de numerosas omisiones. Mientras en el Tercer Milenio los líderes del movimiento de desplazados exigen ante todo una pronta solución de vivienda, el Gobierno, representado por el saliente director de Acción Social, Luis Alfonso Hoyos, evidenció recientemente su fracaso en la provisión de vivienda al desplazado, con ocasión de su rendición de cuentas ante la Corte Constitucional. Sólo el 5 por ciento de los hogares desplazados habita una vivienda digna y el propio Hoyos reconoció en su intervención que el problema de tierras “todavía es dramático”. Los desplazados, podría decirse, no le pertenecen ni a Bogotá ni a la nación.

Ahora que se festeja con bombos y platillos, en Bogotá como en el resto del país, la gesta libertadora y el arraigo de los valores de justicia y equidad que suponemos nos fueron transmitidos, convendría preguntarse seriamente por las razones que legitiman la exclusión y diferenciación de las minorías que aún hoy, 199 años después de la Declaración de Independencia, no parecerían formar parte de la ciudadanía a la que políticos y tomadores de decisiones han hecho recientemente referencia.

 

últimas noticias

Tú me financias, yo te contrato

Patear la mesa

¿Cómo aislar a los violentos en las protestas?