Ajuste tributario

TAL COMO LO HABÍA ANUNCIADO el Presidente de la República con sobrada anticipación, el Gobierno radicó la semana pasada el llamado proyecto de ley de ajuste tributario.

En declaraciones a los medios de comunicación, el Ministro de Hacienda aclaró que no se trata de una reforma tributaria de largo alcance, sino de un proyecto de ajuste, de una iniciativa menor que busca garantizar el financiamiento pleno del componente permanente del gasto militar. El proyecto extiende el impuesto al patrimonio hasta el año 2014 —actualmente vence en 2010— y disminuye la deducción autorizada para las inversiones en activos fijos productivos de 40 a 30%. El Gobierno ha estimado que la reforma propuesta debería aumentar el recaudo en dos billones de pesos aproximadamente.

El proyecto de reforma es en primer lugar inconveniente. El impuesto al patrimonio tiene sentido por una sola vez, en una coyuntura específica, en un momento de urgencia o necesidad extrema. Pero un gravamen permanente o prolongado sobre los patrimonios genera muchas distorsiones. Podría incentivar, por ejemplo, la descapitalización del sector productivo. La reducción de la deducción a la inversión es un paso en la dirección correcta, pero todavía muy pequeño. Lo conveniente sería una reducción mayor o la eliminación total de una deducción que tiene un costo fiscal muy alto y unos beneficios inciertos.

El proyecto es también inoportuno. La proximidad de las elecciones y el enrarecimiento del ambiente político hacen la discusión tributaria muy difícil, casi imposible. Durante el trámite legislativo siempre aparecen articulitos, iniciativas anónimas, propuestas de parcheo legislativo, micos, etc. Los intereses son muchos y los grupos de presión muy poderosos. Si el Ejecutivo no tiene un control adecuado, cualquier cosa puede pasar. El fracaso de la reforma crearía incertidumbre en los mercados y podría incluso afectar las iniciativas futuras de reforma. El Gobierno pretende mantener la discusión limitada, circunscrita a los cambios propuestos. Pero la experiencia reciente sugiere que tal pretensión es infundada.

Finalmente, el proyecto es insuficiente. El recaudo proyectado, de dos billones de pesos aproximadamente, no resuelve los problemas fiscales del país. Durante el próximo cuatrienio el gasto pensional alcanzará su pico histórico, el gasto militar seguirá siendo muy alto, los programas sociales, en vista del aumento del desempleo, demandarán mayores recursos y las generosas exenciones frenarán el aumento del recaudo. El problema fiscal es grave. Y el Gobierno debería comenzar por reconocerlo y por aceptar la necesidad de una reforma tributaria estructural. El ajuste propuesto no resuelve el problema y aplaza uno de los debates económicos más urgentes del país.

La venta de una parte de Ecopetrol, propuesta por un ex ministro de Hacienda y no descartada por el ministro actual, tampoco resuelve el problema. El producto de la venta podría usarse para financiar algunos proyectos de infraestructura, pero el ajuste de las finanzas públicas requiere, por encima de todo, una correspondencia entre los ingresos tributarios y los gastos permanentes. La discusión sobre la venta de Ecopetrol termina igualmente desviando el debate, escondiendo la preocupante realidad de las finanzas de la Nación.

 Muchos especialistas le pidieron al Gobierno que no presentara la reforma. Pero éste decidió seguir adelante con la iniciativa. No sobra, en todo caso, recordar que el proyecto de ajuste tributario es insuficiente, inoportuno y podría incluso ser inconveniente.

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