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hace 2 horas

El dilema de la tortura en Estados Unidos

ERIC HOLDER, EL FISCAL GENERAL de los Estados Unidos, tendrá que enfrentar un escenario difícil en los próximos días: habrá de decidir si nombra o no a un fiscal especial penal para que investigue los casos de tortura que tuvieron lugar durante los interrogatorios a los sospechosos de los ataques del 11 de septiembre. Y tendrá que decidir si nombra un fiscal ad hoc que pertenezca al Departamento de Justicia o si nombra un abogado externo.

Se trata de una decisión difícil por múltiples razones. Para empezar, Holder tendrá que demostrar su nivel de independencia frente a la Casa Blanca. Si bien la administración Obama ya señaló que se ceñirá a los parámetros legales que rigen en esta situación y que respetará la decisión de Holder, también es claro que lo último que necesita el presidente estadounidense es un motivo más de pelea con la minoría republicana. Su prioridad es sacar adelante la ambiciosa reforma al sistema de salud, que ha empezado a perder apoyo popular gracias a los constantes y muy efectivos ataques republicanos. Esta situación ha llevado a Obama a tomarse más en serio a una oposición que lejos está de rendirse frente al poder mayoritario demócrata. En medio de un escenario en el que los republicanos parecen estar obstaculizando efectivamente el logro del principal objetivo de su gobierno, a Obama no le conviene prender el ventilador de las acusaciones de tortura en contra de funcionarios de la anterior administración republicana.

Pero el Fiscal General no responde a los cálculos políticos del Ejecutivo. Mucho menos cuando fue el mismo Holder quien volvió a poner el tema sobre el tapete cuando solicitó la entrega de los memorandos legales producidos por el Departamento de Justicia durante la administración Bush. Dichos memorandos constituyeron evidencia adicional del uso de tácticas de interrogación que fácilmente clasifican como tortura.

Con semejante acervo probatorio, el Fiscal, y probablemente también el gobierno demócrata, pueden estar quedándose sin opciones. No hacer nada ya no parece una alternativa disponible. Mucho menos si se tiene en cuenta que sería muy confuso mensaje a la comunidad internacional: Obama ha intentado demostrar que su gobierno es fundamentalmente distinto al anterior, ha insistido en los errores que se cometieron en el pasado e intentado enmendarlos, ha asegurado que no sacrificará las libertades civiles en aras de mantener la seguridad de su país. Pasar por alto una política planeada y deliberada de tortura, definitivamente no es consistente con ese mensaje.

Holder ha planteado que una posibilidad puede ser abrir una investigación muy limitada y con objetivos menos ambiciosos, que busque responsabilidades específicas en determinados niveles y que, en síntesis, se pueda controlar. El problema es que la autorización de estas técnicas de interrogación fue otorgada por las instancias más altas de la administración Bush e incluso por miembros de ambos partidos en el Congreso. La propia Nancy Pelosi, líder de la mayoría demócrata, no ha logrado sacudirse de las acusaciones sobre su conocimiento de la existencia y empleo de la tortura por parte del gobierno Bush. En otras palabras, nada le garantiza a Holder que pueda mantener el control absoluto de la investigación, ni que ésta al final no termine salpicando a todo el mundo y le cree una sinsalida política al presidente Obama.

Una cosa sí es cierta, y es una lección importante para todos: el empoderamiento de los jueces y fiscales, tanto a nivel nacional como internacional, y la solidez de las normas que protegen los derechos humanos en situaciones de paz y de conflicto, hacen que la impunidad sea un resultado cada vez menos probable. Por fuerte que sea el Ejecutivo y por poderoso que sea el país en cuestión, nada garantiza que quienes atentan contra las libertades individuales se puedan salir con la suya fácilmente.

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