Vecinos y, ¿enemigos?

DE NUEVO HA DECIDIDO EL PREsidente de Venezuela, Hugo Chávez, —en lo que ojalá no sea más que otro de sus arranques impulsivos de los que luego echa reversa para entrar en razón— congelar las relaciones con Colombia, retirar al embajador en Bogotá, Gustavo Márquez, y amenazar con un rompimiento definitivo en caso de presentarse otra acusación “irresponsable” de Colombia sobre los aparentes nexos de la revolución bolivariana con las Farc. Incluso, esta vez, ha ido tan lejos como llegar a sugerir una expropiación de las empresas colombianas establecidas en el vecino país.

La reacción del presidente Chávez no obedece ahora a otra revelación del computador de Raúl Reyes o a la negativa a que participe en liberaciones de secuestrados en Colombia, sino a la información de la revista británica en temas de defensa Jane’s en el sentido que el Ejército colombiano incautó hace poco unos lanzacohetes producidos en Suecia en uno de los campamentos de las Farc, de los mismos —y ya que conoce que coinciden los números de la serie— que se le vendieron hace cerca de 20 años al gobierno venezolano.

Más que a las revelaciones, igual antes que ahora, el presidente venezolano reacciona a las declaraciones que sobre ellas hacen funcionarios colombianos. El presidente Uribe fue cuidadoso el fin de semana al señalar que “sabemos que los grupos terroristas han adquirido lanzacohetes... en los mercados internacionales de armas” e informar que se había “elevado nuestra queja a través de los canales diplomáticos”. Pero al día siguiente, el vicepresidente Francisco Santos complementó la declaración asegurando que las armas que un país europeo “le vendió a Venezuela aparecieron en manos de las Farc” y que “esto no es algo nuevo”.

La acusación no es de poca monta. Ya en el pasado informes de inteligencia y operaciones de la Fuerza Pública colombiana han dado cuenta de la presencia de armas livianas de origen venezolano en manos de las Farc, así como también se les encuentran de diverso origen, tanto internacional como, en primer lugar, de la Indumil colombiana. A nadie se le ocurriría señalar por ello al gobierno respectivo —ni siquiera al venezolano— de estar suministrando armas a la guerrilla. En esta ocasión, sin embargo, se trata de lanzacohetes de largo alcance, armas sofisticadas que no serían fáciles de conseguir a través de la corrupción o en enfrentamientos, con lo cual resulta verosímil la teoría de un suministro “oficial” de armas desde Venezuela. Pero de ahí a poderlo asegurar y crear de paso un lío diplomático hay un largo trecho.

No resulta fácil, ciertamente, la encrucijada en que se debate el Gobierno para lidiar con unos vecinos que han dado muestras cuando menos de afinidad desde sus gobiernos con la guerrilla. Tanto menos cuando se presentan revelaciones tan sospechosas como la que nos tiene hoy de nuevo enfrentados con Venezuela. Pero, aun cuando suene ingenuo, los canales diplomáticos existen, no solamente para darse coba con los amigos, sino también para no darse bala con los enemigos. Y vaya si es impropio llamar enemigos a pueblos que en realidad son hermanos.

El camino diplomático, vale reiterarlo, es el único viable para restaurar unas relaciones que son absolutamente necesarias para los dos países. Ya en el pasado se demostró que por esa vía se puede mantener una relación andando, sin concesiones pero con prudencia, y así venía funcionando bien. Regresar a los adjetivos, quedarse ahora en mutuos anuncios de sustituciones de importaciones, es una gran torpeza. Y un intercambio comercial de alrededor de US$5.000 millones anuales no resiste más torpezas.