Los retos de Bogotá

HACE MUCHO TIEMPO QUE UN cumpleaños de Bogotá, como el que se conmemora hoy con sus 471 años, no llegaba con tanto escrutinio ciudadano.

Del enamoramiento cívico que caracterizó las últimas décadas se parece estar pasando a una sensación de retroceso en la ciudad. Resulta propicio este cumpleaños, lleno de remembranzas y de actividades, dar una mirada a los temas centrales de la agenda bogotana para evaluar qué tan fundada o infundada es dicha percepción.

La decisión, anunciada esta semana, de llevar hasta el grado 11 la gratuidad de la educación pública en el Distrito es un buen tema para comenzar la reflexión. La cobertura de la educación básica y media en la ciudad hace tiempo que bordea el 100%. La gratuidad cobijaba ya a las tres cuartas partes del millón de niños y jóvenes que estudian en los colegios distritales. Ahora los abarcará a todos. Según los tratados internacionales de Derechos Humanos, todos los Estados deben proporcionar educación primaria gratuita. Aunque Colombia está rezagada, Bogotá la ha cumplido en los años recientes y ahora logra superarla, llevando la gratuidad a toda la educación básica y media.

En cuanto a salud también hay buenas noticias. Baste mirar un par de datos. La meta de afiliación al régimen subsidiado en salud durante los cuatro años del actual Plan de Desarrollo es de 860.000 personas. En año y medio han sido incorporadas 330.000 y es de esperar que una vez entre en operación la EPS distrital, cuya creación ordenó el Concejo, se acelere el proceso de afiliación.

El actual gobierno capitalino dinamizó el Plan de Ordenamiento Zonal de Usme, que conducirá a construir 50.000 viviendas de interés social en 20 años (15.000 en el cuatrienio en curso), e hizo ingresar al mercado de suelo urbano 1.000 hectáreas de lotes de engorde, al declararlos de “desarrollo prioritario”. Y está impulsando el Plan Zonal del Centro, que contribuirá a la compactación de la ciudad, con crecimiento en altura y liberación de espacio público.

Todos estos avances se opacan con la crisis de la movilidad. Pero por fortuna se están desarrollando ya las actividades de mantenimiento vial en las seis zonas que se definieron, avanzan las obras de las troncales de la fase III de Transmilenio, acaba de expedirse el decreto que crea el Sistema Integrado de Transporte Público y, a finales de agosto, se conocerá por fin el trazado de la primera línea del metro.

En consecuencia, no parece justo decir que la actual administración marcha en contravía de lo que las anteriores lograron avanzar en inversión social y en modernización territorial y de la movilidad. Y todo eso sin debilitar —por el contrario, profundizando— la salud de las finanzas distritales.

Los verdaderos problemas parecen estar más bien en el plano institucional y administrativo. Datos de diversas procedencias permiten identificar al respecto tres fenómenos, cuando menos. Primero, la disminución del nivel de calidad de los equipos técnicos de diversas entidades distritales. Segundo, la recuperación de influencia de los políticos profesionales en la conducción de los entes y las políticas públicas. Y tercero, el avance de la concentración de la contratación pública en manos de grandes inversionistas. Todo esto puede convertirse en fuente de decisiones equivocadas, desmoralización administrativa, pérdida de calidad en el servicio, dilaciones, corrupción e iniquidad.

De todos estos fenómenos el más grave es, quizás, el de la reducción de la transparencia en la contratación con el Estado, que se ha convertido en un coto de caza para grandes buscadores de fortuna. Una de las causas del atraso del país en infraestructura se debe a la existencia de grandes nudos de intermediarios de la contratación, empresarios de la construcción, políticos y funcionarios corruptos que mueven la inversión pública en direcciones opuestas al interés colectivo. Este flagelo está en trance de expandirse en Bogotá. Que el cumpleaños número 471 de la capital sirva de ocasión para pensar cómo impedirlo.

 

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