La culpa no es de las camisetas

CADA FIN DE SEMANA, EN ALGÚN estadio de Colombia la violencia es noticia. Los resultados de los partidos pasan inadvertidos y los protagonistas dejan de ser los jugadores.

Los titulares y las imágenes corren por cuenta de enjambres de jóvenes desplegando una agresividad sin límites contra la Fuerza Pública, las instalaciones de los coliseos, los hinchas rivales, los transeúntes ocasionales o contra sí mismos. Ya se han presentado asesinatos en los alrededores de los estadios y se volvió común que a bordo de los buses intermunicipales viajen hordas de aficionados armados hasta los dientes.

Las autoridades del fútbol colombiano ya no saben qué hacer. No prosperan las campañas educativas, de nada sirve castigar a los clubes ordenando que los encuentros se realicen a puerta cerrada y hasta fracasó la iniciativa de un grupo de futbolistas de no jugar un partido en Bogotá ante la agresión a un integrante del Deportivo Cali. La última solución, parecida a la del esposo engañado que decide vender el sofá para evitar que el adulterio persista, es prohibir que los aficionados de los equipos visitantes porten las camisetas de sus clubes cuando asistan a los estadios.

La curiosa medida ha causado todo tipo de comentarios, pero más allá de su conveniencia o inutilidad, lo que refleja es la impotencia y desesperación de las autoridades del fútbol en Colombia respecto a la violencia que impera hoy entre los hinchas. La Dimayor, la Fifa y, por supuesto, los equipos profesionales, pueden desarrollar directrices y adoptar medidas que ayuden a crear un ambiente de tolerancia y respeto dentro y fuera de los estadios, pero evitar los desmanes de los aficionados que confunden la rivalidad deportiva con la guerra de divisas es una tarea que se sale de su control.

En otras palabras, hace rato que la violencia que acecha al fútbol se les salió de las manos a las autoridades deportivas y, aunque parezca insólito, entró a convertirse en un problema de seguridad pública, es decir, en un dilema de Estado. Ni siquiera un reto exclusivo para la Fuerza Pública o las administraciones municipales, el caótico panorama ya representa un desafío para la dirigencia del país. La sucesión de episodios lamentables de vandalismo y violencia o el triste espectáculo de decenas de menores de edad involucrados en las agresiones, imponen una intervención estatal.

Es hora de que el Congreso evalúe si conviene legislar para ayudar a romper el nexo entre violencia y fútbol, y que las autoridades judiciales, en consonancia con el Ejecutivo, desarrollen políticas conciliatorias o de mano dura que les devuelvan a los ciudadanos la confianza para volver a asistir masivamente a los estadios. Con persuasión en el mejor de los casos o con acciones legales de restablecimiento del orden ciudadano, si se hace necesario, incluyendo acciones de inteligencia y judicialización de los recurrentes promotores de este caldo de cultivo de problemas mayores.

Como rezaba un eslogan televisivo y en apoyo de quienes así lo estiman, el fútbol es el mejor espectáculo del mundo, y por encima de esta consideración, un juego que seduce, convoca y fascina. Pero es incompatible con el odio que quieren imponerle los desadaptados de siempre, aquellos que acuden a los estadios no a corear a sus equipos, sino a desfogar su ira. La culpa no la tienen las camisetas ni quienes las exhiben con orgullo. La responsabilidad es de la sociedad, y del Estado que la representa, cuyo deber común es imponer sus mayorías y defender este deporte hasta aislar a los violentos.

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