El presupuesto de 2010

EN DÍAS PASADOS, EL MINISTRO DE Hacienda radicó el Proyecto de Presupuesto General de la Nación de 2010. Esta semana, el Congreso debe comenzar la discusión del que puede ser el último presupuesto de la administración Uribe Vélez.

El Gobierno ha dicho que el presupuesto tiene como objetivos preponderantes el sostenimiento de la inversión pública y el estímulo a la inversión privada durante un período de crisis. El proyecto estima una caída real de los ingresos corrientes de la Nación como consecuencia del menor recaudo y, sobre todo, de las menores rentas petroleras. Contempla, de otro lado, un leve incremento real del gasto público. Y, por lo tanto, un aumento del déficit. El déficit del Gobierno Nacional Central superará nuevamente el cuatro por ciento.

Hay tres aspectos preocupantes en el proyecto que vale la pena resaltar. El primero tiene que ver con el desequilibrio de mediano plazo en las finanzas públicas. El presupuesto contempla, primero, un crecimiento sostenido de la deuda hasta mediados de la década entrante y, después, un descenso vertiginoso de la misma. La deuda cae, en las proyecciones oficiales, por una razón artificial: el Gobierno ha supuesto un crecimiento económico cercano a 6% después de 2015. Si el crecimiento futuro fuera menor, la deuda seguiría creciendo. Y lo haría rápidamente. Tal como lo han afirmado algunos estudiosos de nuestra economía, la combinación de un alto gasto militar, unas generosas deducciones tributarias y un creciente gasto social puede no ser sostenible. O puede requerir muchos mayores impuestos. El proyecto de presupuesto no dice nada al respecto.

El segundo aspecto tiene que ver con un problema antiguo, con una característica secular del presupuesto colombiano: las grandes inflexibilidades. El proyecto de presupuesto contempla gastos por 150 billones de pesos mal contados. Para pensiones van 25 billones, 25 billones son transferencias a las regiones, 40 billones, servicio a la deuda; 10 billones otras transferencias obligatorias y 20 billones al funcionamiento del Estado y la burocracia. Lo que queda, después de restar las inflexibilidades, apenas asciende a 30 billones, esto es, un 20% del total. A pesar de los grandes debates, de las permanentes discusiones ideológicas, la verdad es que los gobiernos tienen relativamente poca autonomía para definir las prioridades.

Y el tercer problema refiere precisamente a esta autonomía. El Gobierno está comprometiendo, vía, por ejemplo, vigencias futuras, buena parte de los recursos flexibles del futuro. En otras palabras, el Gobierno puede estar imponiéndole a su sucesor buena parte de sus prioridades. El Gobierno ha listado, como sus prioridades de inversión, la consolidación de la Seguridad Democrática, algunos proyectos específicos de infraestructura, los subsidios de Familias en Acción, los planes departamentales de agua, la construcción de once centros carcelarios, etc. Será muy difícil, por razones institucionales y políticas, que el próximo gobierno cambie sustancialmente estas prioridades.

Usualmente la discusión parlamentaria sobre el presupuesto se ocupa de lo pequeño (los proyectos regionales) y olvida lo grande, los temas de fondo. En un año electoral, cuando los congresistas están pensando, por encima de todo, en su reelección, probablemente ocurrirá lo mismo. Pero no sobra recordar que en este presupuesto se están definiendo dos aspectos neurálgicos para el futuro del país: la viabilidad de las finanzas públicas y las prioridades del Estado en los años por venir. Sorprende, por ejemplo, que los gastos del llamado posconflicto, dirigidos a reparar a las víctimas, compensar a los desplazados y ayudar a los reinsertados, no aparecen de manera explícita en el proyecto de presupuesto. Ojalá los congresistas pregunten al menos dónde están estas partidas.