Los allanamientos a los investigados

DESPUÉS DE LAS EXPLOSIVAS DEnuncias hechas por el ex superintendente de Notariado y Registro Manuel Cuello Baute, en las que sostuvo que no menos de 30 congresistas habrían recibido notarías como prebenda por haber votado favorablemente la reforma constitucional que permitió la reelección presidencial, la Corte Suprema de Justicia le dio el sí a una serie de allanamientos que ya empiezan a arrojar resultados y que han generado una polémica mayúscula.

Pese a que en su momento el Gobierno emitió un primer comunicado en el que se defendía de las acusaciones argumentando que en todas sus actuaciones primaba la transparencia, la persuasión y el firme interés en eliminar el clientelismo y los auxilios parlamentarios, lo ocurrido con la yidispolítica sirvió de telón de fondo para que opositores y analistas llamaran la atención frente a la gravedad de las acusaciones hechas por Cuello Baute.

Hubo incluso quienes se adelantaron a las pesquisas de procedimiento exigiendo la cabeza de más de un parlamentario. Los entes encargados, con todo y la presión mediática que alcanzó el tema, guardaron la calma. Investigaciones habría, como era de esperarse, pero era preciso avanzar en la instrucción del proceso. En este marco de referencia, y no en los escenarios de supuestas persecuciones con tintes políticos ventilados por algunos congresistas implicados, se inscriben los allanamientos a algunas de las viviendas de los parlamentarios ordenados por la Corte Suprema y adelantados por agentes del CTI.

Es así como en la casa del senador Alirio Villamizar, vicepresidente del Partido Conservador, fueron encontrados, junto a una cifra aún no dada al público de dólares, mil millones de pesos en efectivo. Tal y como lo reconoció el propio presidente de la Corte, magistrado Augusto Ibáñez, con estas y otras inspecciones lo que se busca es comprobar si existen incrementos patrimoniales no justificados que permitan avanzar en la investigación.

Los allanamientos son una medida propia de los procesos penales en Colombia. Se ordenan conforme la ley lo dicta y es de suponer que el más alto tribunal que tiene el país en materia jurídica no está faltando a la norma. Quienes así opinan, como en el caso del congresista Juan Manuel Corzo, cuya visita sorpresa nunca se llevó a cabo por no encontrarse en el lugar al que acudieron en su búsqueda los magistrados auxiliares y  agentes del CTI, pero quien se apresuró a afirmar que “es grave que la Corte Suprema de Justicia sea injusta y que haga semejantes actos que pueden conllevar a que el pueblo colombiano pierda la fe en la justicia”, alimentan deliberadamente la idea de que la Corte intimida y es parcial.

La inmunidad parlamentaria en buena hora fue eliminada de nuestro ordenamiento legal, aunque algunos ahora, en medio de las más escandalosas investigaciones contra nuestros congresistas, pretendan que se introduzca de nuevo. Los congresistas, por más lágrimas que derramen, son sujetos de investigación y de todos los procedimientos que se llevan a cabo con cualquier investigado.

Es comprensible que lo complicado del panorama político actual, escándalo tras escándalo y más encima con referendo reeleccionista para aprobación en el Congreso, lleve a la elaboración de lecturas críticas frente a lo que los organismos hacen o dejan de hacer para impartir justicia. También es cierto que, ante la presión y persecución de que ha sido víctima, la Corte Suprema caiga por momentos en la tentación de manejar sus tiempos con propósitos políticos. Pero esta no es razón para obviar denuncias que suponen conductas impropias y exigen ser investigadas a fondo. Para bien o para mal de los acusados.

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