Iniciativas loables en el Congreso

FUE LAMENTABLE, HACE UNAS SEmanas, que el Gobierno Nacional vetara la promulgación de una ley aprobada por el Congreso de la República, en la cual se ayudaba a los colombianos en edad reproductiva, y de bajos recursos, a hacer un efectivo control de la natalidad.

Después de tener los hijos deseados y después de una decisión responsable, los hombres podían someterse a la vasectomía y las mujeres a la ligadura de trompas, sin que estos procedimientos les costaran. En un país interesado en el control demográfico (y Colombia se ha descuidado mucho al respecto en el último decenio) la iniciativa de hacer gratis estas dos operaciones, a quienes la soliciten, era un avance formidable.

No lo entendió así el Gobierno y, probablemente ocultando objeciones de tipo religioso bajo el ropaje de dificultades financieras, resolvieron objetar dicha ley. El Ministerio de Hacienda hizo cuentas como si todas las parejas en edad reproductiva fueran a solicitar hacerse estos procedimientos en poco tiempo, de manera que el resultado fuera tan oneroso para las arcas de la Nación, que podía ser fácilmente tildado de inconveniente. Aquí hemos perdido una gran oportunidad, pues la ley era benéfica y ayudaba en el propósito de la paternidad responsable y el crecimiento demográfico limitado. Es de esperarse que esto se corrija y la ley sea nuevamente promulgada, pues hoy una mujer de bajos recursos que tiene varios hijos y quiere ligarse las trompas, debe pagar la operación con recursos de los que no dispone, exponiéndose así a un nuevo embarazo indeseado.

Se discute en la Cámara de Representantes otra iniciativa útil y necesaria, ya no para las personas jóvenes, sino para las ancianas. Se trata de una medida que les facilitaría mucho la vida a todos los pensionados del país, sometidos hasta ahora al absurdo periódico de tener que demostrar que siguen con vida. Se trata del tristemente célebre “Certificado de supervivencia” que deben expedir a los ancianos los notarios del país, con gran pérdida de tiempo y de recursos. Este prerrequisito para recibir la pensión de jubilación es una ofensa para millones de ancianos colombianos que, estando vivos, tienen que demostrar que lo están. En particular para los enfermos y discapacitados es una reiterada tortura tener que ir a las notarías para que les certifiquen que no están muertos.

En cualquier país organizado el Estado sabe cuáles son los ciudadanos que nacen y los que mueren. En Colombia no debería ser distinto, puesto que existen entidades como el DANE, las direcciones territoriales de salud, el Instituto Nacional de Medicina Legal y la Registraduría Nacional del Estado Civil, las cuales, bien coordinadas, y en tiempos de grandísimos avances informáticos, no deberían tener dificultad en informar oportunamente cuándo un ciudadano ha dejado de existir.

Las estadísticas vitales, en un Estado moderno, se deben manejar con claridad y en tiempos muy breves. No hay motivo para suponer que unos pocos casos de corrupción posibles (que el Gobierno debe detectar y combatir) sean los que impidan la promulgación de una ley tan benéfica para una de las poblaciones más vulnerables de cualquier sociedad: la de sus ancianos y jubilados. Es de esperarse que esta ley pase rápidamente también por el Congreso, de manera que millones de pensionados puedan recibir cuanto antes este beneficio. A veces una decisión aparentemente leve y sin importancia es la que más mejora la calidad de vida de los ciudadanos.

Temas relacionados