La extradición al banquillo

DESPUÉS DE QUE LA CORTE SUPREma de Justicia, en días recientes, objetara la extradición hacia los Estados Unidos del ex paramilitar Luis Édgar Medina Flórez, conocido como el Comandante Chaparro y quien entregara las armas como dirigente del bloque Resistencia Tayrona para acogerse a los beneficios de la Ley de Justicia  y Paz en 2006, una nueva y bienvenida actitud frente al desigual balance entre el narcotráfico y la protección de las víctimas cobra realidad en el ordenamiento jurídico colombiano.

Por primera vez se hace explícito que los delitos de lesa humanidad cometidos en el territorio colombiano priman sobre los intereses estadounidenses en su batalla contra el narcotráfico.

Y no son sólo los delitos de lesa humanidad los que están en riesgo. El supuesto básico de la Ley de Justicia y Paz, la idea de que la búsqueda de la verdad y la reparación serviría de acompañamiento en los procesos judiciales que se les adelantarían a quienes renunciaran a las armas en pro de la reconciliación y la paz, se ha visto afectado seriamente tras las múltiples extradiciones solicitadas por los Estados Unidos, apoyadas por el gobierno del presidente Uribe y aprobadas sin más por la Corte Suprema de Justicia.

Desde un principio las organizaciones defensoras de los Derechos Humanos, opositores, expertos y sectores de la opinión pública fueron escépticos frente a la supuesta colaboración que iba a existir entre los fiscales de las unidades de Justicia y Paz y los encargados de la materia en los Estados Unidos. La verdad sobre muchos episodios del conflicto reciente se ha ido con cada entrega a la justicia estadounidense de un extraditado de peso entre las filas de los paramilitares. En este mismo espacio, y en no pocas oportunidades, nos opusimos a la utilización indiscriminada de la herramienta de la extradición por considerar que violaba los compromisos y responsabilidades éticos del Estado frente a las miles de víctimas que ocasionó el apogeo del paramilitarismo.

No obstante estas advertencias, las extradiciones siguieron hasta hacerse continuas, algunos dirán que rutinarias. Según cifras de la Fundación Ideas para la Paz, en un reciente informe sobre los usos y abusos de la extradición, mientras los presidentes Ernesto Samper y Andrés Pastrana extraditaron a 40 y 89 personas, respectivamente, bajo la presidencia de Uribe ya se cuentan más de 900. Los mandos medios, aquellos que por sus funciones de guerra están en capacidad de revelar el paradero de los cuerpos, la filigrana de los enfrentamientos y el motivo de las alianzas, han sido igualmente enviados, en su mayoría, hacia los Estados Unidos.

Todo lo cual invita a una reflexión de fondo sobre la necesidad de redimensionar el mecanismo de la extradición. Como está planteado, ya no son pocos los que prefieren una cárcel en los Estados Unidos a ser juzgados en el país por delitos que aún ni conocemos. Atrás quedaron las épocas en que la presión hacia los delincuentes provenía de la posibilidad de ser extraditados. La extradición es hoy masiva, antes que selectiva.

Ahora que las dudas acerca de la cooperación judicial estadounidense con los intereses colombianos en los procesos iniciados bajo la Ley de Justicia y Paz devienen certezas, ahora que la propia Corte Suprema ha decidido adoptar una función menos pasiva y formal a la hora de aprobar las solicitudes de extradición realizadas por el Ejecutivo, no faltan quienes se preguntan, y con razón, si para el Gobierno no priman las consideraciones políticas y los cálculos económicos por sobre el derecho de las víctimas a que se conozca la verdad.