Procuraduría insta al Gobierno a implementar plan que garantice seguridad de los Awá

El Ministerio Público emitió un comunicado rechazando la masacre de 12 personas.

El Procurador General de la Nación condenó la agresión de que fue víctima nuevamente el pueblo indígena Awa asentado en el departamento de Nariño.

Alejandro Ordóñez reclamó a los autores de esta repudiable acción, la que calificó como "un total desprecio por los más elementales fundamentos de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario".

Este el es texto del comunicado:

Teniendo en cuenta los hechos ocurridos, el Procurador General de la Nación en ejercicio de sus atribuciones constitucionales y legales, especialmente las orientadas a proteger los derechos humanos y asegurar su efectividad dispone:

1. Requerir del Ministerio del Interior y de Justicia adoptar de manera URGENTE e INMEDIATA las acciones dirigidas a implementar el plan de salvaguarda ordenado por la Corte Constitucional mediante el Auto 004 de 26 de enero del año en curso, que permita garantizar la integridad étnica y cultural del pueblo Awá.

2. Requerir a la Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional, para que disponga con carácter URGENTE las medidas orientadas a brindar la atención humanitaria que requieran las familias de las víctimas y los integrantes de la comunidad que puedan resultar afectados por un eventual desplazamiento forzado derivado de los hechos ocurridos.

3. Solicitar al Ministerio de la Defensa Nacional adelantar las operaciones necesarias para garantizar la seguridad y protección de la comunidad Awá, bajo la plena observancia de las normas que regulan los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario.

4. Demandar de la Fiscalía General de la Nación, iniciar de manera inmediata a través de la Unidad Nacional de Derechos Humanos, las investigaciones penales pertinentes.

5. Solicitar al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar que adopte las medidas necesarias para brindar la atención a los menores y familias afectados con la ocurrencia de los hechos.

6. Ordenar a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la Procuraduría General de la Nación, que avoque el conocimiento de estos hechos con el fin de establecer la responsabilidad disciplinaria a que haya lugar y a la Procuraduría Delegada para el Ministerio Público en Asuntos Penales, que designe agentes especiales para que intervengan en las investigaciones penales que se adelanten en relación con este asunto.

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