Reducción al absurdo

Hace un par de años, los allegados a Uribe comenzaron a decir que el Presidente necesitaba continuar en el poder para protegerse de una supuesta conspiración por parte de sus enemigos por llevarlo ante la Corte Penal Internacional.

Parecía una teoría muy peregrina. ¿Llevar al Presidente ante la Corte Penal? ¿Por qué? Claro, desde hacía muchos años, sus opositores denunciaban sus supuestos vínculos con los paramilitares, como lo hizo en la primera campaña presidencial su rival Noemí Sanín.

Pero la opinión pública había llegado a su propia conclusión. El Presidente provenía de un medio particularmente azotado por la violencia guerrillera y donde, por eso mismo, había surgido con mucha violencia el fenómeno paramilitar. Seguramente, en el curso de una larga carrera política en esas zonas, había tenido conocimiento de esas actividades. Pero eso no lo hacía cómplice. No había evidencia de que hubiera participado en ninguna de las actividades criminales de los grupos paramilitares. Lo máximo que se podría alegar es que entendía sus orígenes y simpatizaba con las circunstancias que habían llevado a mucha gente de bien, que se sentía desesperada, a colaborar con ellos en búsqueda de protección y seguridad.

Durante su Presidencia, fortaleció la fuerza pública, lo cual redujo las posibilidades de acción de los grupos paramilitares. Y cualesquiera que sean las críticas que se puedan hacer al proceso de desarme de esos grupos, proceso necesariamente imperfecto, el resultado parece muy preferible a lo que venía ocurriendo. ¿Llevar al Presidente ante la Corte Penal? ¿Por qué?

Sería muy paradójico que, en busca de una supuesta inmunidad que tienen los Jefes de Estado (lo cual es discutible), para protegerse de acusaciones sobre las que no existe ninguna evidencia conocida, el Presidente hubiera decidido hacerse re-elegir a cualquier costo. Porque hoy, al final del mefítico tránsito de la iniciativa en el Congreso, el costo parece incluir la tolerancia de actividades que pueden tener, éstas sí, consecuencias penales.

En búsqueda de la reelección, se emprendió un proceso de recolección de firmas que muy probablemente violó la ley electoral. Al mismo tiempo, entes estatales bajo el control directo del Presidente o sus subordinados han grabado ilegalmente las comunicaciones de sus opositores y han investigado las finanzas de los magistrados que eventualmente podrían incidir sobre la suerte del referendo. Ninguna de las explicaciones que se han ofrecido sobre cómo se justifican estas conductas, o sobre la supuesta responsabilidad individual de quienes las cometieron, son satisfactorias. Es muy difícil evitar la sensación de que todo se hizo con el único propósito de intimidar a la oposición. Y es imposible no pensar que este conjunto de abusos no es mucho más grave que aquel que hace 35 años llevó a la renuncia forzada de un Presidente norteamericano, que probablemente hubiera terminado en la cárcel si su sucesor no le hubiera extendido un perdón presidencial.

No se sabe hasta dónde llega la responsabilidad del Presidente en esta tragicomedia de abusos. Le corresponderá a la Fiscalía averiguarlo, en el proceso de tratar de determinar si existen responsabilidades penales y de quién. Como se preguntaba en la época de Watergate, ¿quién supo qué, y cuándo lo supo? El próximo fiscal comenzará sus labores con una responsabilidad que definirá su legado público.

Pero, volviendo al punto inicial, como en los círculos viciosos, sería absurdo que, en búsqueda de una inmunidad que no necesitaba, el Presidente se hubiera expuesto a cometer, tolerar o encubrir actos de dudosa legalidad. Por eso, esta explicación sobre el empeño del Presidente en hacerse reelegir se debe descartar por absurda.

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