Denuncian excesos en el uso del poder presidencial colombiano

Una ONG aseguró que la aspiración de Uribe es ser un ‘gobernante vitalicio'.

El uso del poder presidencial se ha desbordado en Colombia tras el doble mandato de Álvaro Uribe y su aspiración a convertirse en un "gobernante vitalicio", denunció hoy el Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH).

En el país "se está presentando un desbordamiento extremo en el uso del poder presidencial", afirmó el director del CPDH, el ex magistrado auxiliar Luis Carlos Bonilla, en la primera jornada del XI Foro Nacional por los Derechos Humanos y la Paz.

La conferencia, de tres días, reúne en Bogotá a más de 500 delegados de organizaciones no gubernamentales (ONG) del país, por convocatoria del Comité Permanente.

Bonilla resaltó que, con el apoyo de un "Congreso ilegítimo", por los nexos de muchos legisladores con los paramilitares, Uribe consiguió la semana pasada que fuera aprobado el proyecto de referendo que busca facilitar una segunda reelección consecutiva del jefe del Estado.

Para ello, los seguidores del presidente "han acudido a todo tipo de violaciones e infracciones a la ley, con trampas y compraventa de votos", afirmó el director de la CPDH.

Así, continuó el jurista, se han favorecido "los intereses personales del presidente, quien aspira a convertirse en un furibundo gobernante vitalicio".

"Según las nuevas teorías oficiales sobre estado de opinión, la Constitución y las normas sobrarían: hay que derogarlas por tratarse de un ejecutivo que hipotéticamente representa el querer de las mayorías, con lo cual se está en condiciones de desafiar a la propia institucionalidad", apuntó Bonilla.

El director del CPDH observó que en este contexto está el uso del "aparato de inteligencia del Estado" para perseguir a los opositores, los magistrados, los periodistas e, incluso, sectores de la comunidad internacional, como sucedió con los seguimientos a delegados de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) que fueron denunciados hace poco por este órgano de la OEA.

Es el costo de la oposición a la política de "Seguridad Democrática" que Uribe puso en marcha en 2002, cuando asumió su primer mandato, dijo Bonilla, quien señaló que este programa ha acentuado la crisis sobre el respeto a los derechos humanos en Colombia.

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