El año pasado la cifra de homicidios ascendió a 2.900, después de que en 2008 ya hubiese llegado a los 1.600. La ONG Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal llegó a asegurar que con 91 homicidios por cada 100.000 habitantes la urbe es la más violenta del mundo. Una afirmación que el gobierno del presidente Felipe Calderón negó tajantemente. Lo que no se discute, sin embargo, es que Ciudad Juárez es la ciudad más violenta de México.
En la noche del 30 de enero, 16 adolescentes y dos adultos fueron masacrados en una fiesta. Como lo constata Carlos Monsiváis, el hecho conmocionó al país y provocó una fuerte reacción de indignación moral que no se veía en crímenes anteriores asociados con el narcotráfico. En esta oportunidad, además, el presidente Calderón incurrió en un exceso verbal del que tuvo que retractarse. “Probablemente fueron asesinados por otro grupo con el que tenían cierta rivalidad”, sostuvo, como queriendo justificar su muerte y dando por hecho que, como los asesinos eran sicarios, las víctimas formaban parte del crimen organizado.
Obligado o no, el presidente Calderón ofreció públicamente disculpas a los familiares después de haber reducido la escena del crimen a una lucha entre pandillas. También visitó la ciudad, por segunda vez, en compañía de otros funcionarios. Los más escépticos analistas insisten en que la atención mediática que cobró la complicada situación que atraviesa la ciudad llevó a las autoridades federales a tomar riendas en el asunto. Ello explicaría el cambio de enfoque que ahora se pregona para combatir la violencia: iniciativas de corte social que permitan disminuir y prevenir el delito fueron prometidas y se aceptó, tardíamente, que la presencia del Ejército y la Policía Federal no son suficientes.
El plan en el que están cifradas las esperanzas estatales tiene por objetivo la recomposición del tejido social y se estructura a partir de cuatro ejes que, de cualquier forma, no han generado demasiadas expectativas. En salud se aboga por extender la cobertura, crear nuevas clínicas y prestar mayor atención a las adicciones. En educación se prevé la ampliación de la jornada escolar en 89 centros, además de becas e incentivos para frenar la deserción. Del lado de la ayuda social, habrá mayores apoyos a pequeñas y medianas empresas, así como nuevos parques deportivos. Y en seguridad se reforzará la estrategia policial.
Nada se dice, entre tanto, de las constantes quejas y denuncias por los presuntos abusos de las fuerzas encargadas de mantener el orden. El último de los hostigamientos —o uno de los más sonados— ocurrió durante la manifestación que le siguió a la última llegada del Presidente a Ciudad Juárez, en la que cuatro periodistas fueron golpeados. Es más, el poder federal hizo caso omiso de las protestas y ratificó la permanencia de aproximados 8.000 militares y 2.600 agentes de la Policía en las calles.
Aunque se discute hasta dónde debe llegar la responsabilidad de los militares en la guerra contra el narcotráfico, así como cuánto tiempo tomará, pocos se oponen a que los violentos carteles de la droga sean enfrentados por la vía de las armas. Aun así, frente a las nuevas políticas sociales los críticos recuerdan que se está obviando la impunidad en que quedan los homicidios y las agresiones. Esta es, para muchos, una equivocación que garantiza que las medidas adoptadas no tendrán ningún efecto.