De gobiernos y derechos humanos

ORLANDO ZAPATA, PRESO POLÍTIco cubano, muere luego de 85 días de huelga de hambre; la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA (CIDH) publica un detallado informe sobre la situación de los DD.HH. en Venezuela; un informe de Human Rights Watch (HRW) visibiliza la saga del paramilitarismo en Colombia y un informe del Departamento de Justicia de EE.UU. menciona las responsabilidades de quienes, desde el Gobierno, ordenaron ejecutar crímenes y quienes los llevaron a cabo. Son hechos que estremecen la conciencia y la civilidad. ¿Qué han dicho o hecho los respectivos gobiernos al respecto? Veamos.

El caso de Zapata es otra prueba de cómo el régimen castrista se ensaña con sus opositores. Zapata fue condenado, por disentir, a seis años de cárcel y se le aumentaron a 36 por protestar por las torturas y por su injusta reclusión. Raúl Castro, cínico, lamentó la muerte del prisionero, pero dijo que en el único lugar donde se tortura en Cuba es Guantánamo y responsabilizó de lo sucedido a EE.UU. El viejo cuento de los enemigos del imperio que quieren acabar con la revolución.

¿Suena parecido a lo que dice Hugo Chávez frente a los reiterados señalamientos ante el angustiante deterioro de los DD.HH. en su país? El informe de la CIDH, que destaca logros en materia social en Venezuela, es contundente al mencionar que allí “se ha atentado contra uno de los pilares básicos de los sistemas democráticos, como es el respeto de los derechos fundamentales de los individuos bajo los principios de igualdad y no discriminación”. Ya Chávez dijo que el informe es basura y que la CIDH es mafiosa, sin autoridad moral y enemiga de su revolución. Cuando no se pueden rebatir los hechos, mejor “matar” al mensajero.

Pero si por allá llueve, aquí en Colombia no escampa. En vez de agarrar el toro por los cuernos y enfrentar la preocupante realidad del rebrote del paramilitarismo en varias zonas del país, el ministro Valencia Cossio acude al manido expediente de descalificar el informe al decir que en el mismo se hacen “aseveraciones generales e incompletas” y que no se consultaron “suficientemente fuentes oficiales”. Otra declaración gubernamental que se suma a las hechas frente a temas como el de los desplazados, los niños en la guerra, los homicidios denominados como ‘falsos positivos’, los defensores de DD.HH. en el país, etcétera, etcétera.

De igual manera, y como lo señala Lluís Bassets en un artículo en El País de España, en EE.UU., y a pesar del interés del secretario de Justicia, Eric Holder, de ir hasta el final frente a las clarísimas violaciones a los DD.HH. durante el período Bush, con la excusa de la guerra contra el terrorismo, ni el presidente Obama ni el resto de su gobierno van a moverse en el sentido de llevar a los responsables ante los jueces. Comenzando por Bush y el vicepresidente Cheney, sin ir muy lejos. Y esto en la “primera democracia” del mundo.

La triste moraleja es que demasiados gobiernos siguen atacando, criticando, desestimando o ignorando los señalamientos que se les hacen en este campo, y el principio de civilidad que inspiró la protección de los DD.HH. parece desvanecerse. Mientras casos, entre muchos otros, como la repudiable muerte de un preso político no generen responsabilidades concretas contra aquellos que se empeñan en acallar el disenso, un halo de vergüenza seguirá gravitando sobre todos y cada uno de nosotros.