Para que no colapse la ciudad...

DESDE 2006, EN TIEMPOS DE LA ALcaldía de Luis Eduardo Garzón, Bogotá no vivía una parálisis ocasionada por el gremio de transportes como la tolerada por la ciudadanía en estos últimos dos días.

La protesta de ese entonces se circunscribía al retiro de buses de la Troncal de Transmilenio a Suba, a la ‘chatarrización’ de los más viejos y al pico y placa ambiental. Tres temas que no ameritaban mayores concesiones y que aún hoy requieren una revisión: con todo y lo que aportó, Transmilenio no da abasto; los vehículos más viejos todavía circulan por las calles y la contaminación sigue siendo la norma, como quiera que cada que los buses públicos no prestan sus servicios la calidad del aire mejora el 15%, según cifras de la Secretaría de Ambiente.

Antes, en la administración Antanas Mockus, los paros se debían a la imposición del Pico y Placa para el servicio público. Con grandes vehículos atravesados en las calles y tachuelas desparramadas para amedrentar a los esquiroles más de uno se opuso a las directivas del alcalde. También se incurría en intimidaciones constantes, como cuando un estudio académico, realizado por la Universidad de los Andes, sugirió que las tarifas debían bajar debido a lo ineficiente del servicio y de inmediato quedó planteada, una vez más, la posibilidad de ir a paro.

Otro tanto ocurrió con el Metrobús propuesto por el entonces alcalde Jaime Castro. Aunque la idea no tuvo el desarrollo que requería para convertirse en una solución real de movilidad, contó con la esperada reacción de los transportadores. Argumentaban que el nuevo sistema generaría el desempleo de más de 30 mil familias y que cada uno de los buses nuevos reemplazaría cinco de los antiguos, con lo cual 400 buses heredarían las rutas de 2.000.

Tuvimos que esperar entonces a que se implementara Transmilenio, no obstante la inmensa oposición que generó en quienes no concebían la pérdida del monopolio e insistían —como aún lo hacen— en el impopular y antidemocrático argumento de que valen más los intereses de una minoría, para que el servicio público de transporte ganara independencia y la ciudadanía no estuviese sometida a los chantajes de unos pocos.

Ahora hay nuevas quejas, lideradas por la Asociación de Pequeños Transportadores (Apetrans), ante la entrada en funcionamiento del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP) que dividirá la ciudad en 13 zonas y promete racionalizar la prestación de un servicio que mueve a diario la nada despreciable cifra de $8.000 millones. Una norma irreversible, como lo ha expresado insistentemente el alcalde Samuel Moreno Rojas, que quedó estipulada en el Plan Maestro de Movilidad y cuya aplicación presenta cerca de tres años de retrasos. Se prevé que de los 15 mil pequeños transportadores que hay en la capital únicamente 11.600 seguirán funcionando y que las 66 empresas de transporte existentes serán abolidas para dar paso al nuevo sistema. Junto a éstas, las más de 500 rutas que han sido asignadas sin estudios previos también desaparecerán.

Nadie niega que las denuncias de los protagonistas del paro por las dificultades para formar parte del proceso merezcan una discusión a fondo de parte de las autoridades. Pero de ahí a avalar las vías de hecho, los desmanes y el colapso en que entró la ciudad hay un gran paso que el Alcalde hizo bien en no dar. Básicamente lo que ha quedado claro es que la ciudad no puede seguir atada a los deseos de los transportadores y su poder para presionar las decisiones de las que depende la movilidad de los bogotanos. Hoy más que nunca, y gracias al paro, queda confirmado que Transmilenio fue un respiro pero sigue siendo insuficiente y que la implementación del SITP está más que justificada.

 

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