Tercera sanción por embargo a cuentas estatales en menos de un mes

Pese a la incosntitucionalidad de la acción, advertida por la misma judicatura, se presentó un nuevo caso en Bolívar.

La Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura emitió la tercera sanción que en menos de un mes se produce por embargos a las cuentas estatales ordenadas por jueces en la dimisión de demandas, a sabiendas de que las finanzas del Estado, por mandato constitucional, no pueden ser sometidas a este proceso.

Esta vez se trata de la suspensión de funciones durante 12 meses del juez Promiscuo Municipal de San Jacinto, Bolívar, Álvaro Anselmo Castillo Acosta, fallada por la misma Sala, debido a que incurrió en este tipo de conducta.

Así lo dio a conocer la presidenta de la Sala Disciplinaria, Julia Emma Garzón, quien precisó que el funcionario ordenó el depósito a favor del despacho que dirigía, para luego entregarlo, arbitrariamente, a los accionantes.

El organismo, con ponencia de la propia magistrada Garzón, advirtió que el juez desbordó su competencia con ese proceder, luego de la decisión de primera instancia del Consejo Seccional de la Judicatura de Bolívar.

"Fue a todas las cuentas bancarias del municipio y la pretensión que, vía tutela, estaba relacionada con un proceso laboral por 91 millones de pesos", señaló, haciendo referencia a la acción, a favor del gerente de la IPS La Fe, Rafael Eduardo García.