¿Política tributaria o tributación política?

DESPEJADO EL PANORAMA ELECtoral con el fallo de la Corte, sería deseable que los candidatos empezaran a preocuparse en serio por las finanzas del Estado.

En primer lugar, porque los programas que con tanto entusiasmo ofrecen necesitan financiación; además, porque los efectos de la crisis económica, que ya se advierten, sumados al creciente caudal de gabelas tributarias, pueden echar a perder muchos planes.

Desde su inicio y a lo largo de su gestión, el gobierno en ejercicio ha venido creando beneficios tributarios, como eje de su programa para atraer la inversión, a costa de enormes sacrificios fiscales. De acuerdo con los datos oficiales, la sola deducción especial por compra de activos le costó al fisco más de diez billones de pesos entre 2004 y 2008; es decir, algo así como cuatro reformas tributarias y bastante más de lo que pretende recoger con la traumática emergencia social.

No obstante, no se ha demostrado que las medidas adoptadas hayan surtido el efecto deseado y, por el contrario, hay razones para pensar que los sacrificios fiscales han tenido más el carácter de obsequios que de estímulos. Además del impacto económico, son múltiples las razones que se aducen para descalificar los sacrificios fiscales como mecanismos eficientes; entre otras, que son discriminatorios, abren coyunturas de evasión, dificultan el control, sus alcances son inciertos y rompen el principio de la equidad. Por otra parte, en relación con las inversiones del exterior, la mayoría de las renuncias del fisco colombiano no favorecen a los inversionistas sino a los tesoros de sus países de domicilio.

En Colombia, es evidente que el sacrificio fiscal no guarda relación alguna con la solución de los problemas más urgentes y, por el contrario, va en contravía. Por ejemplo, durante los años 2007 y 2008 se otorgaron beneficios por compra de activos por siete billones de pesos, equivalentes a más de la mitad del total. De este valor, 40% fue a manos de los dueños de dos actividades, que en conjunto sólo ocuparon alrededor de 300.000 personas; el resto correspondió a las demás, que emplearon 18 ó 19 millones de personas.

A partir de 2004, cuando empezó a regir, la situación ha sido similar. Se podría argumentar que hubo incremento en la adquisición y renovación de equipos de las empresas, lo cual confirma que las medidas tributarias privilegian la inversión de capital sobre el trabajo, en un país cuyo principal problema es el empleo.

Existen por supuesto muchas otras iniquidades en el cada vez más complejo y desbalanceado régimen tributario colombiano, motivo por el cual los organismos internacionales y los expertos coinciden en la necesidad apremiante de adelantar una reforma tributaria estructural; esta será sin duda una de las asignaturas prioritarias de los próximos legisladores y gobernantes.

Pero no será tarea fácil, porque el gobierno en ejercicio se ha cuidado de que su generosidad perdure en el tiempo —20 ó 30 años— mediante contratos de estabilidad jurídica y de zonas francas, los cuales, valga la precisión, contienen restricciones insalvables para las pequeñas empresas, que supuestamente son las mayores generadoras de empleo. En virtud de tales compromisos —que no en el texto de la propia ley—, cualquier cambio normativo en materia tributaria, e inclusive en la doctrina, sólo aplica a los contribuyentes cubiertos, pero para favorecerlos. Se verán entonces el Congreso y el Gobierno en una gran encrucijada: imprimen al sistema los principios constitucionales de equidad, progresividad y eficiencia, enfrentando seguramente las demandas de los privilegiados, que son las grandes empresas, o tratan de arreglar las cargas favoreciendo aún más a los ya bendecidos. Los gajes de la confianza inversionista.

 

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