Al rescate de un Congreso poco admirable

DESDE HACE YA DÉCADAS ESTE periódico ha decidido eludir la tentación de recomendar, en elecciones como la que hoy nos convoca, los nombres de los candidatos de nuestro gusto, una práctica bastante convencional en las páginas de opinión de los diarios colombianos.

Aunque no hay nada negativo en esa conducta, que por lo demás está inscrita en la libertad de expresión, el voto es un acto absolutamente íntimo que no creemos que deba ser irrespetado con voces de falsa autoridad que pretendan conducirlo.

Lo que no merece mayor discusión, empero, es la importancia del voto para el ejercicio de la democracia. Mucho se ha escrito al respecto sin que a la fecha los colombianos seamos un ejemplo de actitud cívica en las urnas. La abstención entre nosotros es alta, acaso demasiado alta, pero no por ello tan dramática como se cree. Quienes se ocupan del tema suelen insistir en que los índices de abstención en Europa y Estados Unidos no están muy lejos de los nuestros. La apatía hacia la política y las diatribas frente a los políticos no son, pues, un deporte estrictamente nacional.

Consuelo de tontos, es cierto, pero es preciso agregar que hay también modificaciones en la cultura política de los colombianos que merecen una reflexión. El resultado del Latinobarómetro 2009, una encuesta de opinión realizada anualmente en 17 países de América Latina, indica que el porcentaje de colombianos que cree que sin Congreso no puede haber democracia es de apenas el 38%. El único país que tiene una peor imagen de su rama legislativa es Ecuador. El promedio, bastante superior, es del 57%. Las razones de la desconfianza hacia el Congreso (que también en Colombia es una de las más altas hacia los partidos políticos) habría que rastrearlas en diversos escenarios.

Durante los últimos ocho años el Congreso vivió la peor crisis de su historia. Escándalos como los protagonizados por Yidis Medina o Teodolindo Avendaño y la entrega de notarías a cambio de votos son ilustrativos del merecido desprestigio de nuestra rama legislativa. Peor aún, el fenómeno de la parapolítica acabó por minar la legitimidad misma de la corporación. Leyes como la Forestal y el Estatuto de Desarrollo Rural, en las que los paramilitares tenían un particular interés, fueron aprobadas por un parlamento en el que más del 30% de los congresistas había sido apoyado por esos grupos armados ilegales. Llegada la hora de aprobar una reforma política para purificar las costumbres y castigar a quienes pactaron con los ilegales, pudo más el deseo de mantener la gobernabilidad de la que gozaba el Ejecutivo, y sus amplias mayorías. La obsesión de la bancada uribista por aprobar el proyecto de referendo reeleccionista llevó a que se estancaran iniciativas de importancia nacional. La Ley de Víctimas, que promovía los derechos a la verdad, la justicia y la reparación, fue relegada de manera sistemática.

El que hacerles guiños a determinados candidatos no esté entre las costumbres de este periódico, no obsta para que señalemos, una vez más, la necesidad de que este pasado reciente no se olvide a la hora de acudir hoy a las urnas. Aquellos movimientos y partidos políticos que avalan candidatos relacionados con el paramilitarismo o hacen caso omiso de las oscuras sumas de dinero que suponen la presencia del narcotráfico, no merecen voto alguno. Las autoridades de control han debido impedir que llegasen tan lejos. Pero ya inscritos en el tarjetón, pese a las evidencias presentadas por los medios de comunicación y organizaciones de la sociedad civil que se han hecho visibles durante estos meses, solamente queda el criterio de los electores como esperanza para hacer hoy la diferencia y devolverle al Congreso la honorabilidad que perdió.

 

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