ONU pide que Colombia proteja a testigos

Señaló que ciertas informaciones dan cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos.

El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU subrayó este miércoles la necesidad de que Colombia adopte medidas para proteger a testigos, familiares de víctimas y funcionarios judiciales que trabajan en casos de violaciones de derechos humanos.

Al presentar al Consejo de Derechos Humanos (CDH) informes sobre las actividades de su institución en varios países, con un análisis de los progresos y las mayores preocupaciones en este ámbito, la alta comisionada adjunta Kyung-wha Kang destacó los esfuerzos por combatir la impunidad y la importante apertura del Gobierno al escrutinio internacional en materia de derechos humanos.

No obstante, alertó, persisten problemas como las "graves amenazas" contra personas vinculadas a procesos judiciales por ejecuciones extrajudiciales, que van desde "presiones contra fiscales y testigos hasta amenazas de muerte e, incluso, asesinatos".

"Es fundamental que todos los casos de violaciones de derechos humanos que involucran a miembros de las Fuerzas Armadas sean vistos por tribunales civiles", dijo en la sesión del CDH.

Señaló que ciertas informaciones recibidas por el Alto Comisionado dan cuenta del aumento de las amenazas contra los defensores de los derechos humanos, aunque mostró su satisfacción por los progresos en el diálogo entre el Gobierno y la sociedad civil para que ésos gocen de mayores garantías.

Kang dedicó una parte de su presentación a elogiar la cooperación de Colombia con los mecanismos de derechos humanos de la ONU, hasta el punto de ser el país que recibió la mayor visita de expertos de este organismo en 2009.

Asimismo, reconoció "los esfuerzos para reducir significativamente las ejecuciones extrajudiciales" , para lo cual el Ministerio de Defensa ha invitado al Alto Comisionado a velar por el cumplimiento de medidas dirigidas a que las Fuerzas Armadas respeten las normas sobre derechos humanos.

La alta comisionada adjunta indicó que el Gobierno de Álvaro Uribe ha actuado contra el uso ilegal de los servicios de inteligencia y sostuvo que, para garantizar que éstos respetan en todo momento los derechos humanos, deben estar "sujetos a controles legales y civiles estrictos".

"Quedan por dar pasos esenciales, como la investigación de abusos pasados, la implementación de mecanismos para depurar los archivos de inteligencia y el desarrollo de sistemas para la protección de datos personales" , detalló
Otro punto que resaltó del informe sobre Colombia es que los civiles siguen sufriendo la violencia que ejercen los grupos armados ilegales, incluidos los guerrilleros y aquellos que "emergieron de la desmovilización paramilitar"
Calificó de "alarmante" el reclutamiento de niños y el aumento del registro de casos de violencia sexual por parte de tales grupos.

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