El 40 % de la población de Florencia, Caquetá, es desplazada

La Defensoría del Pueblo denunció que la Fuerza Pública está violando el Derecho Internacional Humanitario en detrimento de la población.

El 40 por ciento de los habitantes de Florencia, la capital del Caquetá son integrantes de familias desplazadas por el conflicto armado que todavía se vive de manera latente en los Llanos Orientales, denunció la alcaldesa de esa población, Gloria Patricia Farfán Gutiérrez.

Adicionalmente, la Defensoría del Pueblo Regional del Caquetá denunció que el fenómeno del desplazamiento está siendo alentado por las actuaciones irregulares de los agentes de la fuerza pública que, al parecer, vienen violando continuamente el derecho internacional humanitario, en detrimento de la población.

Agregó que ya son 85 las quejas que ha recibido el organismo de control en los últimos meses por los excesos de los agentes del orden en contra de la población civil, especialmente los indígenas, azotados por la intimidación de los grupos al margen de la Ley y, muchas veces, por las autoridades castrenses.

Por este mismo hecho, la Procuraduría Regional del departamento se vio obligada a iniciar una indagación preliminar en contra de un agente del Departamento Administrativo de Seguridad, DAS, por su supuesta responsabilidad en el desplazamiento forzado de algunas comunidades oriundas de la región.

La misma actuación de parte del Ministerio Público fue originada porque, supuestamente, una Empresa Social del Estado local, ESE, se negó a prestarle la debida atención en salud a una persona en situación de desplazamiento.

El ente de control advirtió que en el último año sólo se ejecutó el tres por ciento del presupuesto destinado a la atención de estos grupos vulnerables de la población, pese a los llamados de atención que se le han hecho a las entidades terrirotoriales desde 2008, frente a la falta de vigilancia, en este sentido.

Finalmente, el magistrado de la Corte Constitucional, Nilson Pinilla, cuestionó el hecho de que Acción Social para la Presidencia hubiera hecho referencia a un estado de cosas mucho más alentador que el que pusieron en evidencia los entes territoriales y los organismos de control.