Pese a que la caravana, compuesta por cuatro vehículos debidamente identificados en su parte lateral con los logos de la misión médica, en los que iban veinte personas, se dirigía hacia la zona rural de Campo Hermoso con el objetivo de dar atención a población infantil vulnerable y apartada del territorio nacional, las Farc activaron cargas explosivas que les costaron la vida a dos personas e hirieron gravemente a otras tres. Bajo el argumento, igualmente deleznable, de que en el vehículo probablemente iba a viajar el alcalde de San Vicente del Caguán, los esfuerzos humanitarios de la misión de salud fueron desatendidos por la ya usual ceguera de los subversivos.
Peor aún, en la página de internet Anncol, conocida por divulgar los comunicados del grupo guerrillero, se cita con inaudito cinismo a un supuesto defensor nórdico de los derechos humanos, quien expresa que lo sucedido fue “planeado desde Bogotá con fines publicitarios en contra de esta guerrilla”. Se pregunta incluso el editor de ese portal si no será otro falso positivo del gobierno de Uribe. ¡Habrase visto! El irrespeto total hacia las víctimas, todas civiles, no deja dudas de que la condena por esta y anteriores acciones violentas desplegadas por las Farc contra quienes sin hacer parte del conflicto atienden las necesidades de la población, está más que justificada.
Más aun cuando el ataque se presenta a la vez que miembros destacados de la sociedad civil se han dado a la laudable tarea de contactar a las Farc, vía epistolar, para intentar retomar el acuerdo humanitario. El trasfondo de la misiva con que en septiembre un grupo de intelectuales se dirigió a los subversivos se basa en el deseo, que compartimos, de activar caminos diferentes de los de la guerra, que permitan un entendimiento con el grupo alzado en armas. No obstante lo deseable de la misión, promover “factores contrarios a la solución armada” no pasa de ser un lugar común o una ilusión vacua si la contraparte insiste en su irrespeto a las reglas éticas mínimas de toda confrontación armada. Es más, la carta tuvo como respuesta de parte de las Farc la insólita aseveración de estar luchando en razón a la imposición de una “guerra eterna contra el pueblo”. ¿Cuál pueblo, cabe preguntarse, esperan defender las Farc con sus hostigamientos a la población que desplazan a sangre y fuego hacia las ciudades?
Justo es decir, a la vez, que la exigencia de una condena internacional a este acto demencial nada tiene que ver con la evaluación que la ONU hará del desempeño del Gobierno en materia de derechos humanos. Lo que hagan las Farc para pasar a la historia de la ignominia burlando el Derecho Internacional Humanitario no le otorga al Gobierno colombiano licencia para comportarse de manera similar. Y ello incluye, cómo negarlo, el uso indebido de símbolos humanitarios, como ocurrió en la Operación Jaque que permitió el rescate de 14 secuestrados. Porque podrán decir los ideólogos de las Farc —y la papaya está partida, como se dice— que el irrespeto a la identificación de la misión médica hoy es consecuencia de aquel uso inapropiado ayer.
El infame y deliberado ataque del domingo contra la misión humanitaria del ICBF requiere el rechazo general, incluidos los de las ONG internacionales, la OEA y la ONU, como lo ha denunciado el Gobierno nacional. Pero no para acentuar la guerra como única salida posible, sino antes bien para imponerle los límites que exige la humanidad, por encima de las excusas retóricas que siempre están a la mano.