¿Cómo es la gestión en derechos humanos de los fabricantes de carros eléctricos?

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Foto: Agencia AFP

Un reciente informe de Amnistía Internacional señala a varios fabricantes de vehículos eléctricos como los peor evaluados en cuanto a su gestión de derechos humanos. El estudio revela que muchas de las principales empresas del sector no están proporcionando suficiente transparencia sobre cómo abordan los riesgos relacionados con los derechos humanos en sus cadenas de suministro de minerales. Esta falta de medidas adecuadas expone a las comunidades a situaciones de explotación, problemas de salud y daños ambientales, derivados de la creciente demanda de metales necesarios para la fabricación de baterías.

En su reciente informe titulado “Recarga por los Derechos: Clasificación de los Informes sobre Diligencia en Derechos Humanos de los Principales Fabricantes de Vehículos Eléctricos”, Amnistía Internacional analiza detalladamente las políticas y prácticas en derechos humanos de 13 importantes fabricantes de carros eléctricos.

Utilizando estándares internacionales, el informe clasifica a las marcas según el cumplimiento de sus obligaciones en este ámbito, destacando aquellas que no proporcionan evidencia clara de estar gestionando adecuadamente los riesgos y preocupaciones relacionadas con los derechos humanos en sus cadenas de suministro.

“El gran auge de la demanda de metales para fabricar las baterías de los vehículos eléctricos está ejerciendo una presión inmensa sobre las comunidades afectadas por su minería”, afirmó Agnès Callamard, secretaria general de Amnistía Internacional.

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Ante el creciente aumento de la demanda global de minerales para la fabricación de baterías, Amnistía Internacional insta a los fabricantes a reconocer y reducir los riesgos que sus cadenas de suministro representan para los derechos humanos. En su informe, la organización destaca problemas como desalojos forzosos, riesgos para la salud asociados a la contaminación y violaciones de los derechos de las comunidades indígenas en naciones productoras de estos minerales, incluyendo Filipinas y la República Democrática del Congo.

“Los abusos contra los derechos humanos ligados a la extracción de minerales para la transición energética son alarmantes y generalizados, y la respuesta de la industria brilla por su ausencia. Las comunidades sufren desalojos forzosos, problemas de salud causados por la contaminación y dificultades de acceso al agua. Ante el aumento de la demanda de vehículos eléctricos, los fabricantes deben garantizar que se respetan los derechos humanos”, añadió Callamard.

Resultados del informe

La calificación de Amnistía Internacional, que se basa en un puntaje máximo de 90, mide el desempeño de las empresas según varios criterios, entre ellos el compromiso con políticas de derechos humanos, la identificación de riesgos, el análisis y la transparencia de la cadena de suministro, así como las iniciativas de reparación.

En esta evaluación, ninguna empresa logró superar los 51 puntos en el ámbito de la diligencia debida en derechos humanos. La compañía con el puntaje más bajo fue la china BYD, que apenas alcanzó 11/90, mientras que la alemana Mercedes-Benz obtuvo la calificación más alta, con 51/90.

De acuerdo con el informe, otras compañías con puntuaciones bajas, como Hyundai y Mitsubishi, no proporcionan información suficiente sobre cómo implementan las prácticas de diligencia debida en derechos humanos en las áreas clave. “Aunque Renault y General Motors han manifestado su compromiso con la diligencia debida en derechos humanos y obtienen puntuaciones más altas que algunas otras, siguen presentando poca evidencia de que estas promesas se hayan integrado completamente en sus operaciones de cadena de suministro”, señala el informe.

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Según Amnistía Internacional, la falta de transparencia en las cadenas de suministro de estas empresas representa un problema grave, especialmente considerando la posibilidad de que se abastezcan de baterías fabricadas con minerales como el cobalto o el níquel, cuya extracción se realiza en condiciones que pueden comprometer los derechos humanos.

“Estas empresas informan sobre compromisos que a menudo son imprecisos, y aportan escasas pruebas de medidas significativas adoptadas, lo que demuestra que aún les queda un largo camino que recorrer para cumplir las normas internacionales”, destacó Agnès Callamard.

A continuación se presenta la tabla completa del informe elaborado por Amnistía Internacional: