Alcaldía de Bogotá deberá responder ante la SIC por tratatamiento de datos

Claudia López, alcaldesa de Bogotá.

La Alcaldía de Bogotá está bajo la lupa de la Superintendecia de Industria y Comercio (SIC) que envió una lista de 11 requerimientos al Distrito para establecer si la plataforma “Bogotá Cuidadora” y la aplicación GABO cumplen con la regulación colombiana relativa a la recolección y tratamiento de datos personales.

A través de un comunicado, la SIC informó que también busca saber si se ha implementado el principio de responsabilidad demostrada (Accountability) en esa materia. Según el ente de control, estos requerimientos se presentaron luego de que realizaran una revisión y análisis de la Política de Tratamiento de Información (PTI), publicada por la Alcaldía Mayor de Bogotá en la página web www.bogota.gov.co/bogota-cuidadora

Dicha plataforma web fue creada por el Distrito para que los ciudadanos registraran información sobre aspectos relacionados con la COVID-19. En esta web se pueden ingresar datos sobre el estado de salud, motivos por los cuales los ciudadanos exentos se movilizan por la ciudad, solicitud de apoyos y ofrecimiento de ayudas.

“La información sirve para hacer vigilancia epidemiológica y gestión de movilidad segura. La aplicación y la plataforma también permiten a los ciudadanos brindar información clave para el seguimiento y atención de la emergencia sanitaria por el COVID-19. Se trata de una herramienta de cuidado colectivo. Entre más personas se registren, tendremos más información para orientar acciones focalizadas de prevención del contagio”, indica la información de la Alcaldía.

Sin embargo, en la diligencia de estos formularios se requiere información personal. Por ejemplo, para el caso del formulario para la “movilidad segura” que permite a los ciudadanos acreditarse e identificarse si necesitan salir a realizar alguna de las 43 actividades exceptuadas durante el Aislamiento Preventivo Obligatorio exige, entre otros, datos como: número de documento, dirección, número de celular, hora de salida y lugar de destino.

Aunque el Distrito aclara que todo esto se hace para minimizar los riesgos de propagación y contagio de la epidemia, desde la Superintendecia indicaron “que el derecho de habeas data es un derecho fundamental en Colombia, y las actuaciones de las entidades de derecho público sobre esta materia son investigadas por la SIC con el fin de determinar si existen responsabilidades, las cuales son consideradas disciplinarias por lo que cualquier hallazgo será remitido a la Procuraduría General de la Nación”.

La Procuraduría General de la Nación, por su parte, informó que a raíz de la emergencia sanitaria originada por la pandemia del covid-19, las autoridades nacionales y territoriales han aumentado el uso de las herramientas tecnológicas que permiten el registro de síntomas, la focalización de subsidios gubernamentales, o, incluso, la geolocalización de las personas, lo que obliga al cumplimiento estricto de la Carta Política y del ordenamiento legal como garantía suprema de las libertades individuales y freno a un excesivo control ciudadano.

El procurador Fernando Carrillo, por su parte, expresó que “incluso en tiempos de crisis -o aún más en ese caso- cualquier restricción a los derechos fundamentales a la libertad, la intimidad y la protección de datos personales, deberá ser proporcionada, estar estrictamente relacionada con una finalidad clara y ajustarse de manera absoluta a la Constitución y la Ley. Los decretos legislativos emitidos en el marco de la Emergencia social, económica y ecológica, no han generado un parámetro de análisis de constitucionalidad y legalidad diferente del que nos rige ordinariamente fuera de la crisis COVID-19”.

Ahora la alcaldesa deberá dar cuenta y responder los 11 requerimientos que exigió la SIC la cual informó que, durante lo corrido de 2020, ha abierto 17 investigaciones sancionadoras, ha impuesto ocho sanciones por $837.155.949 y ha emitido 444 órdenes relacionadas con la protección de datos.