Alcaldía pretende usar drones para vigilar tierreros en Bogotá

Germán Bahamón pensó que al asumir el liderazgo de la Caja de Vivienda Popular (CVP) sólo se encargaría de asuntos técnicos, debido a que esta entidad es la responsable de ejecutar las políticas de la Secretaría de Hábitat. En palabras sencillas, “es una entidad constructora”. Sin embargo, la responsabilidad es mayor. No sólo debe liderar el desarrollo de proyectos de vivienda prioritaria para favorecer a más de mil familias de estratos bajos que residen en Bogotá, sino también apoyar la lucha contra problemáticas sociales, como los tierreros o urbanizadores piratas. El funcionario asegura que su entidad está encontrando el equilibrio, después de lidiar con proyectos inviables de la anterior administración, y está aprovechando la tecnología para controlar las invasiones de terrenos en riesgo.

 

Cuando llegó Gustavo Petro a la Alcaldía se enfrentó con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y dijo que no quería nada del Gobierno Nacional. Entonces puso a entidades como la CVP y Metrovivienda a construir viviendas, cuando no era su responsabilidad. El Estado no tiene experticia en construcción de vivienda. Con Peñalosa volvimos a tener una comunicación fluida con el Gobierno. Y eso es importante, porque uno de nuestros objetivos es hacer que la vivienda vuelva a Bogotá. Mediante planes parciales y a futuro, con el Plan de Ordenamiento Territorial habilitaremos espacios para la construcción de interés prioritario.

 

El POZ Norte, que no sólo incluye la Van der Hammen, es un buen lugar para hacer desarrollo urbano planeado. También quisiéramos hablar con Mosquera, porque los límites entre ese municipio y Bogotá son baldíos.

 

Hay un proyecto muy interesante que se llama Santa Teresita, en el límite entre Usme y San Cristóbal, en donde estamos construyendo 1.032 viviendas. Cuando llegamos nos encontramos con muchos problemas: falta de planeación, no se habían asignado las familias, estaba sin cierre financiero y un precio catastral incorrecto. La meta es entregar las primeras 500 casas en junio de este año y el resto en diciembre. Aunque no es nuestro objetivo como entidad, no podemos dejar a estas familias sin hogar.

 

Hubo algunos que tuvimos que descartar porque no había proponentes ni cierres financieros. Según la Contraloría, no tenían pies ni cabeza. Esto significa que alrededor de mil viviendas no serán construidas. Pero no hay de qué preocuparse porque las familias no pierden la ayuda del reasentamiento. La plata está ahí y ellas actualmente viven en arriendo.

 

Precisamente, otro problema que identificamos de las anteriores administraciones es que las familias duraban en arriendo, en promedio, 4,8 años. Eso no tiene sentido. Estamos reduciendo ese tiempo y hablando con privados para que generen oferta rápido.

 

La titulación de los predios para legalizar barrios. Hacemos el acompañamiento social, técnico y jurídico a estas familias. Por otro lado, la lucha contra los tierreros. La administración de Peñalosa está desarrollando tecnologías para que mediante drones y softwares alerten cuando haya una nueva ocupación. Estos vigilarán constantemente los predios en riesgo y avisarán de inmediato a las autoridades en caso de detectar algún asentamiento.

 

No. Integramos unas mesas con la Secretaría de Gobierno y otras entidades para crear más estrategias. Muchas veces se devuelven esos predios en riesgo, pero no se supervisan o cuidan, una tarea que tienen las alcaldías locales, o no se entregan a tiempo a la Secretaría de Medio Ambiente para que se reforesten. Si no se hace eso, el tierrero vuelve y le ayudamos: le sacamos una familia y le damos el espacio para otra.

 

Subimos la meta a 4.000 personas reasentadas y este año ya vamos a cumplir con 1.100. En 2017 debemos llegar a las 3.000. Estamos habilitando no sólo la herramienta de vivienda nueva, sino facilitando que las personas desplazadas retornen a sus regiones de origen, algo muy importante en el posconflicto. De hecho, tenemos un caso especial de una familia que retornó a Florián (Santander), con el VUR, una ayuda que se puede utilizar fuera de Bogotá porque el objetivo es sacarlos del riesgo.

 

Tenemos 7.900 identificadas en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Usaquén y Santa Fe. Estamos en diálogo con la Secretaría de Gobierno para reubicar a las que se han asentado en los predios de la ALO.

 

Estamos trabajando para que tengan servicio de acueducto, alcantarillado, andenes y pavimento. Tenemos 10 territorios con oportunidad definidos en el Plan de Desarrollo y allí haremos las intervenciones. Este año entregaremos 1.742 casas con pisos, enchapes, baterías sanitarias y cocinas nuevas. Somos conscientes de que no hay mejor política de salud pública que una política de vivienda.

 

Novecientos reasentamientos definitivos, entregar 3.000 títulos de vivienda, la intervención en los 10 territorios establecidos y empezar los 3.300 mejoramientos de vivienda. 

Germán Bahamón pensó que al asumir el liderazgo de la Caja de Vivienda Popular (CVP) sólo se encargaría de asuntos técnicos, debido a que esta entidad es la responsable de ejecutar las políticas de la Secretaría de Hábitat. En palabras sencillas, “es una entidad constructora”. Sin embargo, la responsabilidad es mayor. No sólo debe liderar el desarrollo de proyectos de vivienda prioritaria para favorecer a más de mil familias de estratos bajos que residen en Bogotá, sino también apoyar la lucha contra problemáticas sociales, como los tierreros o urbanizadores piratas. El funcionario asegura que su entidad está encontrando el equilibrio, después de lidiar con proyectos inviables de la anterior administración, y está aprovechando la tecnología para controlar las invasiones de terrenos en riesgo.

 

Cuando llegó Gustavo Petro a la Alcaldía se enfrentó con el vicepresidente Germán Vargas Lleras y dijo que no quería nada del Gobierno Nacional. Entonces puso a entidades como la CVP y Metrovivienda a construir viviendas, cuando no era su responsabilidad. El Estado no tiene experticia en construcción de vivienda. Con Peñalosa volvimos a tener una comunicación fluida con el Gobierno. Y eso es importante, porque uno de nuestros objetivos es hacer que la vivienda vuelva a Bogotá. Mediante planes parciales y a futuro, con el Plan de Ordenamiento Territorial habilitaremos espacios para la construcción de interés prioritario.

 

El POZ Norte, que no sólo incluye la Van der Hammen, es un buen lugar para hacer desarrollo urbano planeado. También quisiéramos hablar con Mosquera, porque los límites entre ese municipio y Bogotá son baldíos.

 

Hay un proyecto muy interesante que se llama Santa Teresita, en el límite entre Usme y San Cristóbal, en donde estamos construyendo 1.032 viviendas. Cuando llegamos nos encontramos con muchos problemas: falta de planeación, no se habían asignado las familias, estaba sin cierre financiero y un precio catastral incorrecto. La meta es entregar las primeras 500 casas en junio de este año y el resto en diciembre. Aunque no es nuestro objetivo como entidad, no podemos dejar a estas familias sin hogar.

 

Hubo algunos que tuvimos que descartar porque no había proponentes ni cierres financieros. Según la Contraloría, no tenían pies ni cabeza. Esto significa que alrededor de mil viviendas no serán construidas. Pero no hay de qué preocuparse porque las familias no pierden la ayuda del reasentamiento. La plata está ahí y ellas actualmente viven en arriendo.

 

Precisamente, otro problema que identificamos de las anteriores administraciones es que las familias duraban en arriendo, en promedio, 4,8 años. Eso no tiene sentido. Estamos reduciendo ese tiempo y hablando con privados para que generen oferta rápido.

 

La titulación de los predios para legalizar barrios. Hacemos el acompañamiento social, técnico y jurídico a estas familias. Por otro lado, la lucha contra los tierreros. La administración de Peñalosa está desarrollando tecnologías para que mediante drones y softwares alerten cuando haya una nueva ocupación. Estos vigilarán constantemente los predios en riesgo y avisarán de inmediato a las autoridades en caso de detectar algún asentamiento.

 

No. Integramos unas mesas con la Secretaría de Gobierno y otras entidades para crear más estrategias. Muchas veces se devuelven esos predios en riesgo, pero no se supervisan o cuidan, una tarea que tienen las alcaldías locales, o no se entregan a tiempo a la Secretaría de Medio Ambiente para que se reforesten. Si no se hace eso, el tierrero vuelve y le ayudamos: le sacamos una familia y le damos el espacio para otra.

 

Subimos la meta a 4.000 personas reasentadas y este año ya vamos a cumplir con 1.100. En 2017 debemos llegar a las 3.000. Estamos habilitando no sólo la herramienta de vivienda nueva, sino facilitando que las personas desplazadas retornen a sus regiones de origen, algo muy importante en el posconflicto. De hecho, tenemos un caso especial de una familia que retornó a Florián (Santander), con el VUR, una ayuda que se puede utilizar fuera de Bogotá porque el objetivo es sacarlos del riesgo.

 

Tenemos 7.900 identificadas en las localidades de Ciudad Bolívar, San Cristóbal, Usme, Usaquén y Santa Fe. Estamos en diálogo con la Secretaría de Gobierno para reubicar a las que se han asentado en los predios de la ALO.

 

Estamos trabajando para que tengan servicio de acueducto, alcantarillado, andenes y pavimento. Tenemos 10 territorios con oportunidad definidos en el Plan de Desarrollo y allí haremos las intervenciones. Este año entregaremos 1.742 casas con pisos, enchapes, baterías sanitarias y cocinas nuevas. Somos conscientes de que no hay mejor política de salud pública que una política de vivienda.

 

Novecientos reasentamientos definitivos, entregar 3.000 títulos de vivienda, la intervención en los 10 territorios establecidos y empezar los 3.300 mejoramientos de vivienda.