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En noviembre de 2013 el Consejo de Estado emitió un fallo determinante para los cerros orientales de Bogotá, en el cual dejó en firme la exclusión de 974 hectáreas de la zona de reserva forestal y ordenó a las autoridades ambientales y distritales elaborar planes de acción para manejar tanto el área protegida como la que fue eliminada. Les contamos cómo van la Secretaría de Planeación y la CAR en el cumplimiento de este fallo y sus principales avances.
Una de las primeras decisiones que tomó el Distrito luego del fallo fue indicarles a los curadores que se abstuvieran de “conceder nuevas licencias, autorizaciones o permisos que faciliten el desarrollo urbanístico o de construcción en el área de la reserva forestal protectora”. Esta medida quedó establecida en el decreto 222 de junio de 2014. Junto con ella, otro de los pasos fue la expedición del plan de acción que se implementaría en los cerros durante dos años.
El fallo del Consejo de Estado que blindó los cerros también le dejó al Distrito la tarea de elaborar un plan de reubicación para las personas que están en zona de riesgo. El Distrito ya tiene el diagnóstico sobre este punto y tiene claro que hay 1.213 familias que deben ser reasentadas, la mitad de las cuales viven actualmente en la localidad de San Cristóbal.
En cuanto a los 26 barrios que ya existían a lo largo de los cerros orientales sin legalizar, está listo el concepto para avanzar con siete de ellos: Buena Vista II sector, La Esperanza Nororiental, Aguas Claras, La Cecilia, Laureles Suroriental, Villa Aurora y San Manuel II, también de la localidad de San Cristóbal. Andrés Ramírez, director de ambiente y ruralidad de la Secretaría de Planeación, le dijo a este diario que la entidad ya entregó los expedientes de estos barrios a la Secretaría de Hábitat para que actualice su cartografía.
Otro de los aspectos pendientes en la protección de los cerros orientales es la formulación del Plan de Manejo Ambiental (PMA) para las 14.000 hectáreas que quedaron designadas como reserva forestal. Ramírez explicó que el Distrito les entregó a la CAR y el Ministerio de Ambiente recomendaciones al respecto a finales del año pasado, pues son las entidades encargadas de elaborar el proyecto final. Así, la Secretaría de Planeación sugirió, por ejemplo, que se establezcan acciones para el respeto de los derechos de campesinos que viven en la reserva, que el plan incluya normas claras para los barrios que existen en esta zona de protección y que se mejore el control ambiental a las actividades mineras de la ciudad.
El pasado 11 de marzo el Distrito corrigió los límites de la franja de adecuación (que fue excluida de la reserva y tiene 974 hectáreas) y determinó que 65% de ella es rural y sólo 25% es suelo urbano. Esto implica que en ese 65% no se podrán hacer más construcciones y sólo se admitirán las de los proyectos que demuestren que tienen derechos adquiridos para su predio.
La CAR no está de acuerdo con esta corrección que Planeación hizo a los límites urbanos de la franja de adecuación y así lo expresó el jueves, durante una audiencia en el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, donde las entidades rindieron cuentas sobre el cumplimiento del fallo de los cerros orientales. La Corporación está revisando planos y documentos para saber si el Distrito sólo corrigió los límites de la franja o los modificó.
En los primeros días de abril la Secretaría de Planeación dejará lista su propuesta para el PMA que se implementará en la franja de adecuación. Una de las principales propuestas que anticipó Ramírez es que el Distrito quiere que 65% del suelo rural se convierta en un espacio de uso público para los bogotanos, donde se consoliden programas para crear parques, una red de senderos de los cerros orientales, huertas urbanas, y que además los 60 barrios existentes sean “ecobarrios”.