Bogotá

9 Jul 2014 - 12:15 p. m.

Carrusel de la contratación, vuelve y juega

A la nueva imputación de cargos de la Fiscalía contra la exdirectora del IDU Liliana Pardo, se suma otro proceso disciplinario contra ella y el exalcalde Samuel Moreno Rojas.

Redacción Bogotá

El carrusel de la contratación vuelve a moverse en los estrados judiciales. A la recaptura y a la nueva imputación de cargos que le formuló la Fiscalía a la exdirectora del IDU Liliana Pardo Gaona, ahora se suma el pliego de cargos de la Procuraduría General contra la misma exfuncionaria y el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas, por su supuesta responsabilidad en la cesión irregular del contrato de la Fase III de Transmilenio por la calle 26.

Ambas investigaciones, tanto la penal como la disciplinaria, se venían cocinando al tiempo. En el caso de la nueva investigación de la Fiscalía contra Pardo Gaona, el ente acusador llevaba casi un año tratando de imputarle nuevos cargos al encontrar evidencias que indicaban que ella tuvo una participación más activa de lo que se creía en todo el escándalo.

Sin embargo, pese a las reiteradas citaciones a audiencia, la exfuncionaria (que estaba libre desde agosto de 2011 por vencimiento de términos) no compareció ante la justicia. Por esta razón la Fiscalía ordenó su captura el lunes, y en la madrugada de ayer le formularon cargos por interés indebido en la celebración de contratos y cohecho propio.

La exfuncionaria ya enfrenta un proceso penal desde 2011, por delitos como prevaricato por omisión, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación en favor de terceros e interés indebido en la celebración de contratos. Todos los cargos apuntaban a que su responsabilidad en el carrusel era producto de omisiones en el ejercicio de su cargo como directora del IDU, que terminaron en la adjudicación irregular de varios contratos de obras viales en Bogotá.

Sin embargo, la nueva investigación de la Fiscalía (que se basó en testimonios de varios involucrados que hoy colaboran con la justicia), apunta a que Pardo tuvo un papel de mayor magnitud, al haber participado en reuniones con contratistas como Emilio Tapia, Julio Gómez y los primos Nule, supuestamente para hacer arreglos alrededor de la adjudicación de varias obras.

Un testimonio clave en esta investigación fue el de Julio Gómez, quien declaró que la exdirectora asistió al menos a seis reuniones entre 2008 y 2009, en las que la exfuncionaria supuestamente se comprometió a arreglar licitaciones a cambio de coimas. De acuerdo con el ente acusador, Pardo Gaona habría accedido a entregar información reservada de las licitaciones o a cambiar algunas exigencias de los pliegos, para beneficiar a los contratistas a cambio de una comisión del 1% por cada contrato que ganaran para reparación de la malla vial (2008) o para obras por valorización (2009). Aunque esta información fue suministrada por testigos que están colaborando con la investigación, la Fiscalía reconoció que aún no tiene evidencias de que Pardo Gaona hubiera recibido dinero de los contratistas.

Cargos por la cesión

Además de la feria de contratos en el llamado carrusel, la Procuraduría también halló supuestas irregularidades en un punto clave de todo el proceso: la cesión del Contrato 137 de 2007, que inicialmente le adjudicaron a los Nule para la construcción de la Fase III de Transmilenio por la calle 26. Los polémicos empresarios, que están detenidos, tuvieron que ceder el contrato después de que se destapara el escándalo.

Aunque era clara la necesidad de entregar la obra a un nuevo contratista que garantizara la entrega de la obra, la Procuraduría señala que también en esta cesión posiblemente hubo intenciones oscuras por parte del exalcalde de Bogotá Samuel Moreno Rojas y la exdirectora del IDU Liliana Pardo, quienes al parecer violaron el régimen de contratación.

Según el Ministerio Público, la cesión del contrato, al parecer, se realizó con maniobras de amenazas y engaños al cedente (los Nule), a través de la directora del IDU. “Esto demuestra, hasta este momento procesal, el interés ilegítimo tanto del alcalde mayor de Bogotá Samuel Moreno Rojas (quien estuvo presente además en el acto de cesión) como de la directora del IDU Liliana Pardo, en que se cediera el contrato a quienes ellos habían previsto con anterioridad”, señala el ente de control en el pliego de cargos contra Pardo y Moreno.

Una vez cedido el contrato, éste tuvo varias modificaciones que generaron el cambio en el plazo de ejecución, un incremento en el valor y un cambio en la forma de pago. Encontró el Ministerio Público que estas modificaciones generaron sobrecostos de alrededor de $190.000 millones, monto del cual se benefició el Grupo Empresarial Vías de Bogotá, que recibió este dinero por la cesión.

Ante estas evidencias, la Procuraduría formuló pliego de cargos contra el exalcalde Moreno y la exdirectora del IDU por posible violación al principio de transparencia (desviación o abuso de poder), detrimento del patrimonio público y desconocimiento de los principios que regulan la contratación estatal y la función administrativa.

Por ahora, ambos procesos toman forma, reviviendo y mostrando nuevos avances en uno de los mayores escándalos del corrupción de la capital, en el cual parece que aún falta gente por responder.

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