Desde el 8 de junio la CIDH adelanta una visita de trabajo en Colombia para registrar las diferentes denuncias a violaciones de derechos humanos en el contexto del Paro Nacional que inició el 28 de abril. Por ello, este jueves la alcaldesa Claudia López entregó a la presidenta de la Comisión, Antonia Urrejola, un informe detallado que da cuenta de las diferentes afectaciones a derechos humanos que se han registrado en la capital.
La mandataria también agradeció a la presidenta por el interés de escuchar y dialogar con los diferentes sectores que se han visto enmarcados en hechos de violencia durante las manifestaciones de las últimas semanas. En el documento se informa sobre los ataques que ha recibido la misión médica en diferentes puntos de la ciudad, así como el daño que ha recibido la infraestructura de transporte que ha afectado derechos fundamentales de los bogotanos. Se estima que las reparaciones al sistema TransMilenio pueden superar los $18.000 millones.
#AEstaHora recibimos en @Bogota a la @CIDH en cabeza de su presidenta Antonia Urrejola a quien agradecemos su presencia en nuestra ciudad y en el país. Cuenten con nosotros para apoyar su misión de garantizar la protesta pacífica y esclarecer los casos de violaciones a los DDHH. pic.twitter.com/aydQ2Mk6zg
— Claudia López 👍 (@ClaudiaLopez) June 10, 2021
Por otra parte, el pasado 6 de junio, la Administración Distrital en compañía del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la iglesia católica y algunas universidades, instalaron una mesa territorial para que las organizaciones sociales y los jóvenes puedan buscar salidas y soluciones para terminar con los bloqueos y manifestaciones. Ante esto, la alcaldesa solicitó a la CIDH que apoye esta medida para que estos grupos permanezcan en las mesas y se concreten acuerdos.
Referente a estas mesas de diálogo, López también solicitó a la Comisión que apoye la propuesta para que, a nivel nacional, se reúnan actores sociales, juveniles y del Gobierno Nacional para acordar propuestas que finalicen los altercados y bloqueos. Finalmente, en el documento se pide una reforma integral a la Policía, profundizar en la democracia a nivel nacional y territorial y un pacto social y económico a largo plazo.