3 Jun 2019 - 3:00 a. m.

Compensación por árboles talados en Bogotá: un asunto sin claridad

Aunque el Distrito asegura que por cada árbol talado ha plantado ocho, las cifras no cuadran. Expertos explican que los sectores intervenidos han perdido beneficios ambientales, ya que la reposición no se hace allí mismo.

Manuela Valencia Gómez - @manuvalenciag (mvalencia@elespectador.com)

Entre 2016 y 2018, según la administración, en Bogotá se talaron 39.171 árboles, es decir, 35 al día en promedio. Si bien la justificación ha sido reducir el riesgo por eventuales caídas y evitar interferencias con redes de servicios públicos, el asunto sigue causando descontento a la ciudadanía y ambientalistas, por lo cual ha quedado bajo la lupa de los entes de control.

Transversal a la discusión hay un punto clave: la compensación por cada árbol talado, medida con la que la Alcaldía debe garantizar la retribución a la ciudad por los costos ambientales de esa actividad. La información que ha dado el Distrito, como parte de tranquilidad, es que por cada árbol cortado ha plantado ocho.

Sin embargo, las cifras no son tan precisas. Según la Secretaría de Ambiente, en tres años han sembrado 231.290 árboles, es decir, seis por cada árbol cortado. Sin embargo, el informe no discrimina cuántos de ellos se sembraron en cumplimiento del Plan de Desarrollo, por reposición o para reemplazar los que murieron luego de ser contados como compensación.

Independientemente de los datos, hay un reparo puntual de ambientalistas y concejales como Roberto Hinestrosa, de Cambio Radical: que no hay una reposición adecuada, pues en vez de plantar en las zonas que han sufrido la pérdida ambiental, lo están haciendo en la periferia. Y para completar, los que han sembrado en el casco urbano se están muriendo. El Jardín Botánico indica que, de los 30.204 árboles plantados en el perímetro urbano entre 2016 y 2018, al menos 13.000 murieron y tuvieron que ser reemplazados.

A pesar de esto, Octavio Naranjo, jefe de la oficina de arborización del Jardín Botánico, dice que existe una justificación, pues hay factores que impiden sembrar en los mismos puntos donde se hacen las talas. Algunos son el endurecimiento del suelo, las condiciones del terreno, las interdistancias (espacio entre árboles) y las interferencias con las redes de servicios públicos. “Si se realiza una obra como la construcción de un colegio, es necesario quitar árboles. En ese caso, la idea siempre es hacer la compensación plantando lo más cerca. Si no es posible, podemos hacerlo donde haya condiciones técnicas”, precisó.

Pese a la explicación, para Herman Martínez, exdirector del Jardín Botánico (administración de Samuel Moreno), el asunto no es así. La norma indica que los árboles se deben reponer en la misma zona. “No puede ser en otro sitio, porque están quitando beneficios ambientales al sector. En ese caso, serían plantaciones nuevas, para cumplir el Plan de Desarrollo, pero no una reposición”, señaló.

Este no es el único hecho que respalda la crítica. Cada vez que se pide permiso para talar, la Secretaría de Ambiente debe emitir un concepto técnico, basado en parámetros que determinan el número de árboles a plantar o el dinero que se debe pagar. Para hacer el cálculo se tienen en cuenta las especies, sus condiciones, sus expectativas de vida y el nivel de interés público, cultural y patrimonial. Por ejemplo, para talar algunos biotipos nativos, considerados frondosos por sus hojas anchas y planas, como compensación se deben plantar 1.022 individuos nuevos; en el caso de cualquier tipo de palmas, 870, y en el de helechos arborescentes, mínimo 20. Si esto se cumpliera, dicen los ambientalistas, las cifras de árboles nuevos tendrían que ser mucho mayores. Por eso creen que esta norma tampoco se cumple.

Según la concejal María Fernanda Rojas (Alianza Verde), la incertidumbre tiene un origen: la falta de una política de manejo y diagnóstico de la salud de las especies. Rojas denuncia que los árboles que están sembrando en corredores viales como la calle 26 no tienen la fortaleza para resistir y están condenados a morir. Por su parte, señala el concejal Roberto Hinestrosa, esto no solo se debe a fallas en la gestión, sino a factores como el cambio climático y la contaminación de la ciudad, que representan el mayor riesgo para la salud de las especies.

El debate sobre la política para el manejo de árboles y la forma como se está compensando a las localidades se mantiene vigente, en especial si se tiene en cuenta que la ciudad no cumple los estándares de la Organización Mundial de la Salud (OMS), que recomiendan un árbol por cada tres habitantes, mientras en Bogotá hay uno por cada seis. Esto resulta más preocupante si se revisa con lupa el panorama de localidades específicas, como las del suroccidente de la capital, donde en lo corrido de 2019 se han presentado tres alertas amarillas por la mala calidad del aire.

Según un estudio realizado por Marcela Ángel, magíster en planificación urbana del Instituto Tecnológico de Massachusetts, en Bosa, Ciudad Bolívar y Usme hay aproximadamente un árbol por cada 20 personas, así como en La Candelaria y Los Mártires hay menos de tres metros de área de parque por habitante. Solo por competencia del Jardín Botánico, de 2016 a 2018 se han efectuado 1.020 talas en estas cinco localidades. En Bosa, 245; en Ciudad Bolívar, 270; en Usme, 104; en La Candelaria, 100, y en Los Mártires, 301. En estos datos no se incluyen los autorizados a otras entidades por la Secretaría de Ambiente.

Según Ángel, “además de ser una de las estrategias más importantes y de bajo costo para limpiar el aire, los árboles prestan servicios para mejorar la salud pública, preservar la diversidad y la adaptación de las ciudades al cambio climático”. Añade que los beneficios de cada individuo se concentran 300 metros a su alrededor y por esto no se compensarían los beneficios ambientales del arbolado si se planta en otras zonas. Así que, mientras se presente el déficit, las justificaciones técnicas y las garantías que exponen las autoridades ambientales seguirán siendo insuficientes para acabar con la discordia.

Ambientalistas, ciudadanos y entes de control siguen alegando que mientras las compensaciones se sigan efectuando como hasta ahora, los beneficios se seguirán perdiendo, ocasionando mayor contaminación, en especial en las localidades más afectadas.

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