El Tribunal Superior de Bogotá emitió la primera condena penal por la muerte de un peatón, originada por un bus de Transmilenio, tras conminar a una de sus principales contratistas y al conductor del articulado al pago de una millonaria multa de reparación moral a los familiares de una joven que falleció atropellada hace siete años.
La Sala Penal de la Corporación revocó el fallo absolutorio emitido por el Juzgado 55 Penal del Circuito de Bogotá y, en su lugar sentenció a dos años de prisión y a la privación del derecho para manejar vehículos por espacio de tres años al conductor del bus, Julián Arturo Buitrago.
La alta corporación también determinó que el procesado y la sociedad Sistema Integrado de Transporte SI 99 S. A. deberán asumir de manera solidaria el pago de la sanción pecuniaria ascendente a la cancelación de 350 salarios mínimos, como reparación moral a los familiares de la víctima
Los hechos materia de investigación se produjeron el 14 de junio de 2003, cuando la joven estudiante de la Universidad Santo Tomás, Claudia Yaneth Alape, se disponía a atravesar la Avenida Caracas, a la altura de la Calle 17 Sur, en Bogotá.
Pese a que el semáforo instalado en esa esquina de la vía había cambiado a rojo en el momento del cruce, el conductor del articulado no frenó y terminó arroyando a la mujer, que contaba con 26 años de edad, y pereció en el dramático accidente
Como "trenes de la muerte" calificó el abogado defensor, Jairo Enrique Herrera Pérez, el proceder de los buses al servicio de Transmilenio, cuyos conductores alegan la imposibilidad de frenar ante los cambios intempestivos en las señales semafóricas, en ciertas condiciones de desplazamiento.
"Son unos trenes de a muerte en la medida en que ha quedado declarado no sólo por el procesado sino por varios testigos, que entre otras cosas fueron funcionarios de Transmilenio, que ellos no pueden detener sus rápidas marchas, cuando aproximándose a un semáforo haya cambio de verde a rojo y, argumentado que se corre peligro por el fuelle que articular al bus, ellos deben pasar la vía, poniendo a riesgo al peatón", sostuvo.
El jurista criticó el papel de la Fiscalía en el caso, que sólo dio trámite a la acusación por vía tutela, luego de archivar la investigación en primera instancia. El abogado señaló además que el ente investigador se abstuvo de apelar el fallo absolutorio de primera instancia, pese a que era su deber, como portador del material probatorio que buscaba demostrar la culpabilidad de su propio acusado.
Adicionalmente, dijo Herrera Pérez, el organismo investigador se negó a ordenar la práctica un examen ocular al hoy condenado, pese a que él mismo reconoció padecer de astigmatismo, una enfermedad que, según el mismo conductor, produce la sensación de que todos los elementos a la vista del enfermo se le vienen encima.