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Después de ser aplazada tres veces, ayer por fin se llevó a cabo la audiencia en la que el patrullero Giovanny Tovar aceptó haber sido el encargado de llevar el arma de fuego plantada en la escena del crimen de Diego Felipe Becerra, el joven grafitero de 16 años que murió al recibir un disparo del policía Wílmer Alarcón, el 19 de agosto de 2011 en la localidad de Suba.
Tras esta diligencia, la juez tendrá que decidir el próximo 30 de agosto si acepta el acuerdo al que llegaron Tovar y la Fiscalía: el expatrullero sería condenado a ocho años de prisión por porte ilegal de armas. Además pediría disculpas públicas por haber sido parte del entramado que buscaba encubrir el asesinato de Becerra y seguiría testificando en los procesos penales de los otros implicados.
La audiencia que se realizó ayer la habían aplazado debido a las amenazas telefónicas y a las persecuciones de las que fueron víctimas Tovar y su abogado, Jairo Acuña. La intimidación alcanzó un punto crítico el pasado 30 de diciembre, cuando desconocidos entraron al apartamento de Acuña, robaron documentos del expediente y mataron a su perro.
Miriam Pachón, la abogada de la familia de Becerra, asegura que las presiones que han recaído sobre Tovar se deben a la importancia de su testimonio: “Su declaración es la prueba fehaciente que demuestra que hubo fraude procesal y que quisieron engañar a la justicia”. Ayer, en la audiencia, Tovar aceptó haber sido el encargado de conseguir el arma de fuego por orden de uno de sus superiores. Además dijo que la disparó en el humedal Córdoba, para que luego fuera plantada en la escena del crimen y hacer parecer que pertenecía a Becerra.
Pachón, que radicó hace tres días una nueva denuncia por seguimientos y llamadas intimidantes en su contra, sostiene que las amenazas se han incrementado desde el 30 de junio, cuando un juzgado administrativo profirió una condena contra el Ministerio de Defensa y la Policía por el asesinato de Becerra y el montaje sobre los hechos, que incluyó la difusión de una versión según la cual el joven había asaltado una buseta.
El fallo, en efecto, fue contundente al decir “que fue un miembro de la Policía quien de manera injustificada accionó su arma contra el joven Becerra, causándole la muerte. Y luego, con algunos miembros de la entidad, pretendió encubrir su actuar irregular, alterando la escena de los hechos, plantando un arma y presentando un informe que no correspondía con las verdaderas circunstancias”.
Ahora, a la claridad sobre los hechos que se esboza en esa sentencia administrativa (si bien es independiente de los procesos penales) se suma el testimonio de Tovar, que se vislumbra como clave para el esclarecimiento de la muerte del grafitero y el montaje que se tejió alrededor.