La Contraloría de Bogotá encontró méritos suficientes para abrir juicio de responsabilidad fiscal por 1.500 millones de pesos a la Secretaría de Gobierno, el Instituto para la Economía Social (Ipes) y la fundación Proactiva por el convenio de asociación 0974 de 2010 que tenía como objeto brindar ayudas económicas a los desplazados del parque Tercer Milenio para la ejecución de proyectos productivos.
El convenio suscrito entre el Distrito y la asociación Proactiva en junio de 2010 era para beneficiar a 907 familias desplazadas. Sin embargo, a mayo de 2011, fecha en la que se cumplió el plazo de ejecución del convenio, sólo se les entregó ayuda a 196 familias, es decir, el 22%. No obstante, se giró el 90% de los recursos por parte del Distrito.
Otro de los hallazgos más relevantes que encontró la Contraloría de Bogotá al convenio de asociación 0974 de 2010, consiste en que Proactiva entregó a varios desplazados cheques sin fondos, de las mismas cuentas de funcionarios de Proactiva para financiar proyectos productivos.
Igualmente, se logró establecer que Proactiva suscribió actas de entrega de subsidios a desplazados en las que les giró recursos superiores al valor autorizado en el convenio que era de ($1.500.000) y a su vez entregó a otros beneficiados recursos inferiores a los pactados.
Actualmente Proactiva se encuentra en proceso de liquidación, lo cual dificulta determinar dónde se encuentran los dineros.
Igualmente en este momento estos desplazados no pueden acceder a ningún otro subsidio por cuanto figuran en las bases de datos como beneficiarios de recursos.