Controversia por petición de Corporación Taurina

El fallo de la Corte Constitucional que establece ningún alcalde puede prohibir las corridas de toros ha generado una polémica en el Concejo de la ciudad. La bancada animalista, conformada por 22 cabildantes de diferentes partidos, se opuso a la idea de abrir un proceso de licitación para que la Corporación Taurina regrese a la plaza de toros de Santamaría.

A través de un comunicado, los concejales animalistas expusieron sus argumentos en contra de las corridas. “El fallo le permite al Alcalde que, amparado en las normas de contratación, pueda negarse a firmar un contrato a fin de que haya corridas de toros. Las entidades públicas no están obligadas a arrendar los bienes que son de su propiedad”. Una de las razones de peso de los cabildantes es que ante ningún caso se puede ir en contravía del Plan de Desarrollo: “En el articulado se acoge la Sentencia C-666 de 2010, que resolvió que las corridas de toros y otros espectáculos con animales podrían seguirse realizando, pero acatando la condición de eliminar o las conductas crueles contra los animales”.

El as bajo la manga de la bancada animalista es la Ley del Espectáculo Público de 2011. “Como la Plaza de Toros de Santamaría es un escenario para eventos públicos se acoge a esta norma. En esta ley se excluye a las corridas de toros y las peleas de gallos como espectáculos públicos de las artes escénicas. La Plaza debe regirse por los mandatos legales, entre ellos, no realizar eventos alrededor del sufrimiento y la muerte de animales” dice el concejal Diego García.

A pesar de una posición ideológicamente opuesta al partido Progresista, la concejal Clara Lucía Sandoval dijo que por lo menos en lo que se refiere a las corridas de toros está de acuerdo con el alcalde: “Nosotros hemos defendido a la Plaza de Toros de Santamaría como escenario cultural y artístico y las cosas no van a cambiar por una sencilla razón: no existe ningún contrato para que vuelvan los toros”. La cabildante también expresó sus diferencias con otros miembros de la Corporación frente a la tauromaquia: “Si la concejal María Victoria Vargas dice que celebra el fallo de la Corte no quiere decir que el Concejo lo haga. Hay toda una bancada animalista que apoya la idea de que los bienes públicos no sean usados para el maltrato animal”.

La concejal Vargas se opone al planteamiento de la bancada animalista que señala que el alcalde puede negarse a celebrar contratos para que haya corridas. Para ella, esta sería una forma de fraude a la ley, pues si el mismo Instituto Distrital de Recreación y Deporte es el encargado de promover los espectáculos taurinos como lo señala la ley, debe buscar los mecanismos necesarios para cumplirlo, reitera la cabildante liberal. “La Plaza de Santamaría es una plaza permanente de primera categoría y debe promover los eventos de la tauromaquia”, puntualiza.
El debate del lado de los empresarios de la tauromaquia continúa en torno a la posibilidad que tiene la Corporación Taurina de Bogotá de regresar a la Plaza de Santamaría, pues como señala Felipe Negret, su presidente, el Distrito debe respetar los escenarios donde se desarrolla la fiesta brava y la licitación es el medio para garantizar su participación.
Pero el argumento de la administración del alcalde Gustavo Petro se sustenta en que el contrato con esta Corporación fue revocado en junio pasado. El fallo de la Corte indica que su decisión no es retroactiva, de manera que en el caso de la capital, la Plaza de Toros no volvería a la Corporación Taurina sino que seguiría siendo administrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) hasta que se firme un contrato con este grupo taurino.
 

El fallo de la Corte Constitucional que establece ningún alcalde puede prohibir las corridas de toros ha generado una polémica en el Concejo de la ciudad. La bancada animalista, conformada por 22 cabildantes de diferentes partidos, se opuso a la idea de abrir un proceso de licitación para que la Corporación Taurina regrese a la plaza de toros de Santamaría.

A través de un comunicado, los concejales animalistas expusieron sus argumentos en contra de las corridas. “El fallo le permite al Alcalde que, amparado en las normas de contratación, pueda negarse a firmar un contrato a fin de que haya corridas de toros. Las entidades públicas no están obligadas a arrendar los bienes que son de su propiedad”. Una de las razones de peso de los cabildantes es que ante ningún caso se puede ir en contravía del Plan de Desarrollo: “En el articulado se acoge la Sentencia C-666 de 2010, que resolvió que las corridas de toros y otros espectáculos con animales podrían seguirse realizando, pero acatando la condición de eliminar o las conductas crueles contra los animales”.

El as bajo la manga de la bancada animalista es la Ley del Espectáculo Público de 2011. “Como la Plaza de Toros de Santamaría es un escenario para eventos públicos se acoge a esta norma. En esta ley se excluye a las corridas de toros y las peleas de gallos como espectáculos públicos de las artes escénicas. La Plaza debe regirse por los mandatos legales, entre ellos, no realizar eventos alrededor del sufrimiento y la muerte de animales” dice el concejal Diego García.

A pesar de una posición ideológicamente opuesta al partido Progresista, la concejal Clara Lucía Sandoval dijo que por lo menos en lo que se refiere a las corridas de toros está de acuerdo con el alcalde: “Nosotros hemos defendido a la Plaza de Toros de Santamaría como escenario cultural y artístico y las cosas no van a cambiar por una sencilla razón: no existe ningún contrato para que vuelvan los toros”. La cabildante también expresó sus diferencias con otros miembros de la Corporación frente a la tauromaquia: “Si la concejal María Victoria Vargas dice que celebra el fallo de la Corte no quiere decir que el Concejo lo haga. Hay toda una bancada animalista que apoya la idea de que los bienes públicos no sean usados para el maltrato animal”.

La concejal Vargas se opone al planteamiento de la bancada animalista que señala que el alcalde puede negarse a celebrar contratos para que haya corridas. Para ella, esta sería una forma de fraude a la ley, pues si el mismo Instituto Distrital de Recreación y Deporte es el encargado de promover los espectáculos taurinos como lo señala la ley, debe buscar los mecanismos necesarios para cumplirlo, reitera la cabildante liberal. “La Plaza de Santamaría es una plaza permanente de primera categoría y debe promover los eventos de la tauromaquia”, puntualiza.
El debate del lado de los empresarios de la tauromaquia continúa en torno a la posibilidad que tiene la Corporación Taurina de Bogotá de regresar a la Plaza de Santamaría, pues como señala Felipe Negret, su presidente, el Distrito debe respetar los escenarios donde se desarrolla la fiesta brava y la licitación es el medio para garantizar su participación.
Pero el argumento de la administración del alcalde Gustavo Petro se sustenta en que el contrato con esta Corporación fue revocado en junio pasado. El fallo de la Corte indica que su decisión no es retroactiva, de manera que en el caso de la capital, la Plaza de Toros no volvería a la Corporación Taurina sino que seguiría siendo administrada por el Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD) hasta que se firme un contrato con este grupo taurino.