Convenio para tapar huecos de barrios en Bogotá quedó a medias

 

Tres años después se puede decir que el experimento no salió bien, pues apenas se completó el 55% de las obras. Es decir, no se cumplió la meta.

 

La cifra es la reportada por la UMV, con corte al 29 de noviembre de 2015. Según estos datos, hay otro 4,7% de obras en ejecución y 40,1% sin terminar. Lo difícil es que se agotaron los recursos, como dijo la entidad la semana pasada, así que no es claro si el otro año la nueva administración podrá terminar de ejecutar el plan.

 

Para comprender por qué el Distrito no pudo terminar el plan hay que explicar cómo surgió y cuáles fueron los argumentos para justificarlo.

 

En junio de 2012 el entonces secretario de Gobierno, el fallecido Guillermo Asprilla, les ordenó a las alcaldías locales que debían destinar el 40%de su presupuesto para el arreglo de los huecos de los barrios, que técnicamente se conoce como malla vial local.

 

Esto representaba un presupuesto de $168.000 millones. Asprilla también les indicó que no podían tocar ese dinero pues la Secretaría de Gobierno sería la encargada de hacer una ambiciosa reestructuración para centralizar los recursos y crear unidades de mantenimiento que administraría el Distrito. La idea era lograr economías de escala en la compra de insumos y al contratar la mano de obra.

 

Pasaron los meses y las calles de los barrios seguían sin arreglar. El alcalde Petro expidió un decreto dándole vía libre a la Secretaría de Gobierno para que coordinara la ejecución de las obras, que antes estaban en manos de las alcaldías locales. 

 

Luego, la Secretaría de Gobierno firmó el convenio 1292 de 2012 con la Unidad de Mantenimiento Vial, para que fuera esta entidad la que se encargara de los arreglos de los huecos con los famosos $168.000 millones.

 

Pero surgieron los cuestionamientos de entes como la Contraloría y en el Concejo de Bogotá. Incluso, los cabildantes progresistas William Moreno y Angélica Lozano señalaron que la nueva orden era inviable legalmente, que las obras podían tener hasta tres años de retraso y que no se había hecho un proceso de selección pública, como corresponde a este tipo de obras.

Pese a la lluvia de advertencias, el convenio siguió adelante. En abril de 2014 El Espectador hizo un seguimiento al avance del plan y encontró que apenas habían sido reparados 104 segmentos viales, lo cual equivale a menos del 5% de lo programado. Además, la administración tenía hasta diciembre de ese año para cumplir con su compromiso de arreglar casi 2.000 huecos priorizados por las personas que asistieron a los cabildos ciudadanos.

 

Pese a los preocupantes retrasos en las obras, la entonces directora de la UMV, María Gilma Gómez, siguió defendiendo el convenio y aseguró a este diario que la entrega de los trabajos estaba “garantizada”.

 

En septiembre pasado la Contraloría Distrital publicó un informe de auditoría a la UMV y la ejecución del convenio 1292, en el cual llamó la atención respecto a que la entidad sólo reportaba el 31% de obras terminadas, según datos de mayo de 2015. También señaló que el convenio no tenía informes de interventoría para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, sin poder conocer el estado de las obras y los posibles sobrecostos por retrasos.

 

Además indicó que en algunos segmentos viales de localidades como Engativá y Chapinero se presentaron grietas en la superficie de los huecos reparados.

 

Quien tuvo que asumir esta larga historia de tropiezos alrededor del convenio 1292 fue el nuevo director de la UMV, Juan Carlos Abreo, quien llegó en junio de 2014, tras la salida de María Gilma Gómez de la entidad, quien para ese momento afrontaba investigaciones disciplinarias de la Procuraduría por el escándalo en la contratación de la máquina tapahuecos.

 

Ahora que el Distrito termina con el 55% de avance en las obras, Abreo explica que a la UMV se le asignó una tarea enorme al ejecutar un presupuesto tan alto, casi cinco veces más del que manejaba tradicionalmente. Dice también que, cuando asumió el cargo, existía la opción de liquidar el convenio 1292, pero “no podíamos desaprovechar los recursos porque  más del 75% estaba comprometido en la compra de insumos”.

 

Aunque no se cumplió la meta del convenio, Abreo aclara que la ejecución de la UMV se cumplió, pues la meta era llegar a 1.080 km de carril rehabilitados en las vías locales y hace unas semanas había llegado a los 1.102 km de carril reparados. En cuanto al modelo que plantearon Petro y Asprilla, lo que queda claro es que no funcionó.

 

 

Tres años después se puede decir que el experimento no salió bien, pues apenas se completó el 55% de las obras. Es decir, no se cumplió la meta.

 

La cifra es la reportada por la UMV, con corte al 29 de noviembre de 2015. Según estos datos, hay otro 4,7% de obras en ejecución y 40,1% sin terminar. Lo difícil es que se agotaron los recursos, como dijo la entidad la semana pasada, así que no es claro si el otro año la nueva administración podrá terminar de ejecutar el plan.

 

Para comprender por qué el Distrito no pudo terminar el plan hay que explicar cómo surgió y cuáles fueron los argumentos para justificarlo.

 

En junio de 2012 el entonces secretario de Gobierno, el fallecido Guillermo Asprilla, les ordenó a las alcaldías locales que debían destinar el 40%de su presupuesto para el arreglo de los huecos de los barrios, que técnicamente se conoce como malla vial local.

 

Esto representaba un presupuesto de $168.000 millones. Asprilla también les indicó que no podían tocar ese dinero pues la Secretaría de Gobierno sería la encargada de hacer una ambiciosa reestructuración para centralizar los recursos y crear unidades de mantenimiento que administraría el Distrito. La idea era lograr economías de escala en la compra de insumos y al contratar la mano de obra.

 

Pasaron los meses y las calles de los barrios seguían sin arreglar. El alcalde Petro expidió un decreto dándole vía libre a la Secretaría de Gobierno para que coordinara la ejecución de las obras, que antes estaban en manos de las alcaldías locales. 

 

Luego, la Secretaría de Gobierno firmó el convenio 1292 de 2012 con la Unidad de Mantenimiento Vial, para que fuera esta entidad la que se encargara de los arreglos de los huecos con los famosos $168.000 millones.

 

Pero surgieron los cuestionamientos de entes como la Contraloría y en el Concejo de Bogotá. Incluso, los cabildantes progresistas William Moreno y Angélica Lozano señalaron que la nueva orden era inviable legalmente, que las obras podían tener hasta tres años de retraso y que no se había hecho un proceso de selección pública, como corresponde a este tipo de obras.

Pese a la lluvia de advertencias, el convenio siguió adelante. En abril de 2014 El Espectador hizo un seguimiento al avance del plan y encontró que apenas habían sido reparados 104 segmentos viales, lo cual equivale a menos del 5% de lo programado. Además, la administración tenía hasta diciembre de ese año para cumplir con su compromiso de arreglar casi 2.000 huecos priorizados por las personas que asistieron a los cabildos ciudadanos.

 

Pese a los preocupantes retrasos en las obras, la entonces directora de la UMV, María Gilma Gómez, siguió defendiendo el convenio y aseguró a este diario que la entrega de los trabajos estaba “garantizada”.

 

En septiembre pasado la Contraloría Distrital publicó un informe de auditoría a la UMV y la ejecución del convenio 1292, en el cual llamó la atención respecto a que la entidad sólo reportaba el 31% de obras terminadas, según datos de mayo de 2015. También señaló que el convenio no tenía informes de interventoría para los meses de febrero, marzo, abril, mayo y junio de 2015, sin poder conocer el estado de las obras y los posibles sobrecostos por retrasos.

 

Además indicó que en algunos segmentos viales de localidades como Engativá y Chapinero se presentaron grietas en la superficie de los huecos reparados.

 

Quien tuvo que asumir esta larga historia de tropiezos alrededor del convenio 1292 fue el nuevo director de la UMV, Juan Carlos Abreo, quien llegó en junio de 2014, tras la salida de María Gilma Gómez de la entidad, quien para ese momento afrontaba investigaciones disciplinarias de la Procuraduría por el escándalo en la contratación de la máquina tapahuecos.

 

Ahora que el Distrito termina con el 55% de avance en las obras, Abreo explica que a la UMV se le asignó una tarea enorme al ejecutar un presupuesto tan alto, casi cinco veces más del que manejaba tradicionalmente. Dice también que, cuando asumió el cargo, existía la opción de liquidar el convenio 1292, pero “no podíamos desaprovechar los recursos porque  más del 75% estaba comprometido en la compra de insumos”.

 

Aunque no se cumplió la meta del convenio, Abreo aclara que la ejecución de la UMV se cumplió, pues la meta era llegar a 1.080 km de carril rehabilitados en las vías locales y hace unas semanas había llegado a los 1.102 km de carril reparados. En cuanto al modelo que plantearon Petro y Asprilla, lo que queda claro es que no funcionó.