Pese a que la Cárcel Distrital es catalogada como una de las mejores del país y de Latinoamérica, la Personería de Bogotá detectó evidencias de un deterioro progresivo en su funcionamiento, que de no ser atendidas pueden llevar a convertirla en un típico centro penitenciario de condiciones infrahumanas y hacinamiento.
Las irregularidades en su funcionamiento van desde problemas en las instalaciones sanitarias, hasta violación al derecho a la salud, pasando por presuntos abusos en visitas, aplicación del reglamento interno, alimentos y demoras administrativas en los cómputos de trabajo de los internos para disminuir su tiempo de pena.
La Personería detectó que más de 240 internos que requieren de exámenes, consultas con especialistas y tratamientos urgentes desde diciembre de 2009, no han sido tratados por expertos médicos.
Algunos dicen que si se suman las remisiones de la EPS no atendidas y las de la Médica de la Cárcel, las órdenes ignoradas por el penal superan fácilmente las 700.
Así mismo, el ente de control encontró varios internos remitidos por problemas cardíacos, uno de ellos con una orden urgente de cateterismo desde abril de 2010 que nunca se realizó, pese a que en cuatro ocasiones tuvo que salir del penal al servicio de urgencias del hospital La Samaritana, al parecer, por paros cardiorrespiratorios.
"Existen casos de personas con infecciones graves sin ser tratadas por especialistas, enfermos de sida que han permanecido varios meses sin medicamentos, fracturados y diferentes personas con sinnúmero de padecimientos sin obtener una atención integral, de mediana y alta complejidad", señala el informe.
La Personería asegura que, en su trabajo de campo, se encontró una persona aislada en las celdas de castigo porque la cárcel presume que tiene sida, pero mes y medio después aún no le han realizado el examen para determinarlo.
"Otra queja de los internos señala que a los que se quejan, los funcionarios de la Cárcel les dicen que no hay presupuesto ni contrato vigente con el Hospital La Samaritana para su atención. La Personería determinó, como lo reconocen los directivos del centro penitenciario, que durante algunas semanas han estado sin contrato y que en la actualidad existe uno por 23 millones de pesos, monto que no cubre todas las necesidades", indica la investigación del ente de control.
Dice el ente de control que la cárcel, para optimizar los recursos, busca que los internos a través de su Sisbén o EPS se den la atención que necesitan, "desconociendo la obligación legal que tiene de garantizarles directamente el derecho a la salud".
"Las personas privadas de la libertad tienen que acudir a sus familiares o amigos para obtener una cita, cosa que muchas veces no consiguen, pues si es difícil para alguien en libertad, más para alguien privado de ella. Cuando logran la cita, en muchas ocasiones no son llevados por falta de guardia o transporte, con el agravante de que tienen que pagar la multa por no acudir y quedar varios meses sin la posibilidad de una nueva cita".
En la actualidad la cárcel, que tiene una capacidad para 1.024 internos alberga alrededor de 1.048. La ocupación habitual era de 700 personas, pero en los últimos meses pasó a más de 1.000, sin que se haya incrementado el presupuesto de funcionamiento en la misma proporción de sus necesidades actuales.