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Suena su celular personal y responde un mensaje; le pasan razones al oído y da órdenes; saluda a un uniformado, que entra para acompañarlo en sus declaraciones, y le pide un breve informe sobre la disminución de robos a ciclistas. Todo, mientras está en el sofá de su oficina, en el centro de Bogotá, dispuesto a atender esta entrevista. El general Eliécer Camacho responde con cifras y ejemplos para mostrar la contundente acción de las autoridades ante el crimen organizado.
Insiste en que ninguna estructura está ganando terreno en la capital, porque la labor de sus hombres y mujeres está centrada en demostrar que, si bien existen delitos, la Policía atiende las denuncias y trabaja para capturar a los delincuentes. Este 4 de junio el oficial cumple un año al mando de la Metropolitana de Bogotá y, sin libreto en mano, habló con El Espectador sobre la percepción de inseguridad, la transformación de la delincuencia tras la migración, las bandas de crimen organizado, que se disputan las líneas de microtráfico, y la alerta terrorista.
¿Cómo lee hoy en día la inseguridad?
Contamos con un inventario criminal, hecho con la Fiscalía, donde identificamos las estructuras de crimen organizado que delinquen en las localidades. Notamos que un importante número se dedica al tráfico de estupefacientes, en conjunto con otros delitos como el homicidio, la extorsión y las venganzas internas. En ese orden hemos enfocado nuestro trabajo en identificar y capturar a esas personas.
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En cifras, ¿qué logros hay?
Para 2020 desarticulamos 140 grupos delincuenciales de crimen organizado, capturamos 744 personas y se hicieron 570 allanamientos. En 2021 se lograron desarticular 133 organizaciones, conformadas por 640 personas. Además, para ese año identificamos que 37 de esas bandas estaban involucradas con tráfico de estupefacientes. En lo corrido del año hemos desarticulado 30 estructuras.
A pesar de los indicadores, ¿por qué la percepción de inseguridad es alta y hay rechazo hacia la institución?
Se registraron casos que no podemos desconocer. El tema del homicidio del señor (Javier) Ordóñez y otros hechos que la Fiscalía y la Procuraduría siguen investigando, con resultados en algunos y en otros no. Esas situaciones estuvieron acompañadas de un plan para afectar la imagen de la institución en redes sociales. Hay grupos que se dedican exclusivamente a dañar la imagen de la Policía, pero también a afectar todo lo institucional.
Pero no es lo único...
Hay otros problemas. Está la judicialización. Generalmente, en los casos que no hay lesionados u homicidios, los señalados recobran la libertad casi de inmediato. Hemos capturado a personas con 20 entradas y salidas de las URI. Hay gran reincidencia, y no es ni culpa de los jueces ni de los fiscales, sino del sistema penal. Un día me preguntaron que si consideraba que los delincuentes habían perdido el miedo a la Policía y les dije que no, que el delincuente le perdió el miedo a la justicia y al Estado, porque saben que nada pasa.
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¿Y los medios?
El tema mediático influye, porque no hay capacidad para mostrar todos los resultados. A diario capturamos hasta 100 personas y ningún medio los saca, porque se gastarían un noticiero solo para Bogotá. Pero un atraco sí sale en las tres emisiones o en las portadas. Por eso he hecho un trabajo de acercarme a los medios. Si hay un caso, claro que hay que informarlo, pero también mostramos qué estamos haciendo. En las calles seguimos trabajando en actividades de acercamiento con la comunidad. Trabajamos con las redes de apoyo de los taxistas y empresas de vigilancia. Queremos mejorar la percepción y el acercamiento con la institución.
¿Se ha transformado la delincuencia? ¿En qué ha influido la migración?
Sí hay un cambio, principalmente enmarcado en el tema de la pandemia. Desde 2020 hubo una atomización del fenómeno y las redes llegaron a diferentes lugares, donde no se encontraban, y eso trae consigo el tráfico de drogas, hurtos y enfrentamientos entre organizaciones delictivas. Y sí, la migración genera afectación en la seguridad. Si bien gran cantidad viene a laborar y pueden ser parte de la economía de la ciudad, hay un gran porcentaje que está delinquiendo. El año pasado capturamos a 4.500, pero solo el 10 % quedó en prisión. El no tener registro migratorio es una dificultad.
¿Cómo va la investigación por los cuerpos embolsados y qué se sabe de las redes de Los Mártires y Kennedy?
Este año se han hallado 14 cuerpos. No podríamos pensar que se trata de una misma organización, pero hay gran posibilidad de que correspondan a situaciones específicas. Por ejemplo, en octubre pasado se desarticuló en Kennedy la banda Los Camilos. Sin esa organización, ha habido intención de otros grupos de llegar a dominar. Allí hay una alta presencia de extranjeros y de una estructura denominada “El Tren”, la cual tiene un componente de colombianos y de migrantes. Ellos posiblemente quieren esas rentas criminales.
¿Y en el centro?
En cuanto a los cuerpos de las otras zonas, las investigaciones se llevan por separado, pero encontramos similitudes, sobre todo en seis de estos hechos. Eso nos permitiría suponer que tienen relación con el tráfico de drogas en Los Mártires y Santa Fe. Allí hay una afectación de extranjeros, quienes están tratando de apoderarse de algunas zonas y, de hecho, estas son víctimas de los homicidios que se han presentado. Al momento se han identificado tres cuerpos, y son venezolanos, pero hay otros que ni los han reclamado. Por eso creemos que no son colombianos. Lo que en su momento se supuso que era una casa de pique, no es real. Hay predios donde se citan, pero no es donde ejecutan los crímenes. Con las investigaciones que estamos haciendo con la Fiscalía, pensamos que pronto vamos a tener resultados.
¿Existen grupos terroristas intentando ingresar a Bogotá?
Contamos con una herramienta importante: el Centro Integrado de Información de Inteligencia, con participación de la Policía, la Fiscalía y el Ejército, entre otras instituciones, donde hacemos nuestros análisis. Al momento no tenemos evidencia de que haya presencia de grupos armados organizados, de las magnitudes que estamos hablando, ya sean residuales, el Clan del Golfo o de alguna otra estructura que pueda afectar el normal desarrollo de la ciudad. No desconocemos la capacidad que puede tener una estructura de enviar a tres delincuentes a cometer un hecho terrorista, pero operan bajo la modalidad de outsourcing (subcontratación). Frente a ello hemos avanzado en las investigaciones. En el caso de Ciudad Bolívar se siguen analizando los móviles, a pesar de que el frente 33 del GAO Residual se atribuyó el hecho. No desestimamos las alertas de las entidades que manejan temas de derechos humanos, que tienen sus fuentes, pero lo que hacemos es atenderlas y acompañar con prevención y operaciones con los hombres y las mujeres disponibles.