El plan para reforzar la seguridad en Bogotá y Cundinamarca

Una seguidilla de hechos, tanto en los límites de Bogotá como en los municipios aledaños, llevaron a que se consolidara lo que hasta hace un año era parte de la idea de la integración entre Bogotá y Cundinamarca: la creación de una nueva Policía Regional para la capital, la sabana y Soacha.

Lo que aceleró la medida fueron los recientes asesinatos en la localidad de Sumapaz, que coinciden con la ola de inseguridad que se ha desatado en Bogotá, en la que, además de hurtos, se destacan las rencillas y el sicariato, así como problemas comunes en la región como el microtráfico, la atención de los migrantes y el hacinamiento en los centros transitorios de retención.

En principio, el acuerdo entre los ministros de Defensa y del Interior con el gobernador y los alcaldes de la región consiste en crear esta figura, que integrarían 340 hombres de investigación criminal. Además, ante lo ocurrido en Sumapaz, el Ejército mantendrá el control territorial, por lo que llegarán 120 soldados al Batallón de Alta Montaña para cubrir puntos nodales entre Cundinamarca, Meta y Huila. Por su parte, el Gobierno se encargará de la construcción de un fuerte que contará con personal motorizado y a caballo, especializado en agricultura, zootecnia, enfermería de combate y veterinaria.

Junto a esto se definieron 1.500 becas más para ingresar a la Policía, de las cuales 500 serán para Cundinamarca, que se sumarán a las 2.000 que se comprometió a financiar Bogotá. Por último, se anunció la llegada de 200 auxiliares de Policía al departamento, 214 a Bogotá y el paso a las calles de 7.000 que hacen labores administrativas.

Si bien con este anuncio se estaría cumpliendo una solicitud que se ha hecho por más de una década, para Luis Fernando Echavarría, analista en temas de seguridad, estos son muy mediáticos y también se debe ver la situación desde la convivencia. “La ley lo permite, pero en la práctica no ha existido la creación de este tipo de cuerpos regionales. Creo que por ahí no es y es hora que tanto el Distrito como el Gobierno Nacional busquen cómo aliviar la tensión que existe, por el bien de los ciudadanos. Los últimos hechos no son espontáneos y existe crimen organizado y articulado. Hay que ver qué bandas están operando y cómo se pueden desarticular desde la inteligencia”.

Algo similar opina Luis Felipe Vega, doctor en ciencia política de la U. Javeriana y analista en temas de seguridad, para quien los hechos en Sumapaz obedecen más a una estrategia para llamar la atención y no están relacionados con que las disidencias estén en los límites con Bogotá. “Están enredando, engañando y, además, creando terror. Por último, hay que tener en cuenta que institucionalmente la Policía no le camina a la alcaldesa, por los continuos enfrentamientos entre ambas instituciones”.

Por ahora lo cierto es que Bogotá y Cundinamarca cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional, que será clave para facilitar el proceso. La prioridad estará en su estructuración, pues está claro que en el contexto preelectoral y de pandemia es prioridad la seguridad y dar soluciones a largo plazo para la región.

Una seguidilla de hechos, tanto en los límites de Bogotá como en los municipios aledaños, llevaron a que se consolidara lo que hasta hace un año era parte de la idea de la integración entre Bogotá y Cundinamarca: la creación de una nueva Policía Regional para la capital, la sabana y Soacha.

Lo que aceleró la medida fueron los recientes asesinatos en la localidad de Sumapaz, que coinciden con la ola de inseguridad que se ha desatado en Bogotá, en la que, además de hurtos, se destacan las rencillas y el sicariato, así como problemas comunes en la región como el microtráfico, la atención de los migrantes y el hacinamiento en los centros transitorios de retención.

En principio, el acuerdo entre los ministros de Defensa y del Interior con el gobernador y los alcaldes de la región consiste en crear esta figura, que integrarían 340 hombres de investigación criminal. Además, ante lo ocurrido en Sumapaz, el Ejército mantendrá el control territorial, por lo que llegarán 120 soldados al Batallón de Alta Montaña para cubrir puntos nodales entre Cundinamarca, Meta y Huila. Por su parte, el Gobierno se encargará de la construcción de un fuerte que contará con personal motorizado y a caballo, especializado en agricultura, zootecnia, enfermería de combate y veterinaria.

Junto a esto se definieron 1.500 becas más para ingresar a la Policía, de las cuales 500 serán para Cundinamarca, que se sumarán a las 2.000 que se comprometió a financiar Bogotá. Por último, se anunció la llegada de 200 auxiliares de Policía al departamento, 214 a Bogotá y el paso a las calles de 7.000 que hacen labores administrativas.

Si bien con este anuncio se estaría cumpliendo una solicitud que se ha hecho por más de una década, para Luis Fernando Echavarría, analista en temas de seguridad, estos son muy mediáticos y también se debe ver la situación desde la convivencia. “La ley lo permite, pero en la práctica no ha existido la creación de este tipo de cuerpos regionales. Creo que por ahí no es y es hora que tanto el Distrito como el Gobierno Nacional busquen cómo aliviar la tensión que existe, por el bien de los ciudadanos. Los últimos hechos no son espontáneos y existe crimen organizado y articulado. Hay que ver qué bandas están operando y cómo se pueden desarticular desde la inteligencia”.

Algo similar opina Luis Felipe Vega, doctor en ciencia política de la U. Javeriana y analista en temas de seguridad, para quien los hechos en Sumapaz obedecen más a una estrategia para llamar la atención y no están relacionados con que las disidencias estén en los límites con Bogotá. “Están enredando, engañando y, además, creando terror. Por último, hay que tener en cuenta que institucionalmente la Policía no le camina a la alcaldesa, por los continuos enfrentamientos entre ambas instituciones”.

Por ahora lo cierto es que Bogotá y Cundinamarca cuentan con el apoyo del Gobierno Nacional, que será clave para facilitar el proceso. La prioridad estará en su estructuración, pues está claro que en el contexto preelectoral y de pandemia es prioridad la seguridad y dar soluciones a largo plazo para la región.