9 Mar 2020 - 2:00 a. m.

El proceso contra Susana Muhamad por la reserva Van der Hammen

La Procuraduría reabrió una investigación contra la actual concejal, por una supuesta falta cometida en 2015, cuando era secretaria de Ambiente. Investiga si ella tenía la competencia para declarar la reserva de utilidad pública y de interés social, en el marco de la implementación del plan de manejo.

Mónica Rivera - @Yomonriver (mrivera@elespectador.com)

La Procuraduría reactivó una investigación contra la hoy concejal Susana Muhamad (Colombia Humana) por una decisión que tomó en 2015, siendo secretaria de Ambiente. Pese a que, en 2018, se desestimaron las razones, el proceso volvió a pasar a estudio a finales del año pasado, al considerarse que ella pudo haber incurrido en una extralimitación de funciones, al declarar de utilidad pública cinco polígonos de la reserva Van der Hammen, lo que permitía al Distrito expropiar algunos predios.

La historia comienza en 2014, en la administración de Gustavo Petro, cuando se adoptó el Plan de Manejo de la zona de reserva, creada en 2011 para fortalecer la conectividad de los cerros orientales con el río Bogotá; preservar sus componentes y la función de sus ecosistemas, así como restaurar los servicios ambientales y las coberturas nativas. Bajo esta premisa, se planteó la necesidad de tomar acciones inmediatas y trazó el camino: la forma más certera era adquirir los predios que permitieran dichos fines.

Por esto, y tras un estudio de la zona, la subdirección de Ecosistemas y Ruralidad entregó un concepto en el que recomendó medidas de protección en cinco polígonos, que comprendían 34 predios, ubicados entre la avenida 9ª y la autopista Norte, considerados los de “mayor valor para recuperar, consolidar y mantener la conectividad ecológica”. Atendiendo el concepto, a través de la Resolución 835 de 2015, el Distrito declaró de utilidad pública 1.168 hectáreas en la Van der Hammen, clave para conservar los flujos de conectividad y regulación hídrica.

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En la administración Peñalosa

Pero en febrero de 2016, recién posesionada la administración de Enrique Peñalosa, la Asociación para el Desarrollo Integral de la Zona de Influencia de la Vía Suba-Cota (Asodessco), solicitó al Ministerio de Ambiente, a la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) y a la Alcaldía derogar la resolución, al considerar que en ella no había tenido en cuenta el compromiso de los propietarios de la zona para cumplir el plan de manejo, dando por hecho y sin consultarlos, que sería muy caro el proceso.

Al tratarse de un tema que involucraba al Idiger, al Acueducto y a la Secretaría de Ambiente, se pidió un concepto a la Secretaría General del Distrito, que al final señaló que el alcalde había delegado la competencia para “determinar los motivos de utilidad publica e interés social de la zona, para efectos de declarar la expropiación”. Ante esto, pidió revisar si eventualmente pudo haber existido una extralimitación de funciones. Para resolver el interrogante, se le pidió apoyo a la Procuraduría Delegada para Asuntos Ambientales y Agrarios, con el fin de revocar el acto administrativo.

En junio de 2016, el caso quedó en manos de Fanny María González Velasco, procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública. Finalmente, en diciembre de ese año, se derogó la resolución, al considerar que la anterior secretaria de Ambiente no tenía competencia para hacer la declaratoria de interés público de los predios, “al no tratarse de un establecimiento público, ni una empresa industrial y comercial del Estado, ni una sociedad de economía mixta, expresamente facultadas por sus propios estatutos”. En conclusión, se determinó que la competencia la tenía la CAR, al ser la entidad que creó la Reserva.

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Esto le dio pie a la procuradora delegada segunda para abrir el 22 de septiembre de 2017 un proceso contra Muhamad, que luego de varios debates, se archivó el 5 de octubre de 2018, por falta de méritos. Luego, la exsecretaria de Ambiente se lanzó al Concejo y, tras solicitar la revisión de los votos, logró una curul en el cabildo.  Curiosamente, justo el 9 de diciembre del año pasado se dictó pliego de cargos y en el transcurso de diciembre se presentaron los descargos. La Procuradoría consideró que la declaración de utilidad pública sobre la Van der Hammen sí podría haber constituido una falta disciplinaria.

Su defensa presentó el pasado 4 de febrero un alegato precalificatorio, en el que indica que la actual concejal actuó en su momento acorde con la ley, pues dentro del manual de funciones de la Secretaría de Ambiente estaba “dirigir las actividades para el cumplimiento de las normas ambientales y el Plan de Gestión Ambiental” y era su obligación velar por la ejecución del Plan de Manejo de la Van der Hammen, por lo que a lo largo del año se han escuchado los testimonios de las personas involucradas, entre ellas el exdirector de la CAR, quien garantizaría que tanto el ente ambiental como el Distrito tenían la competencia para declarar el área de uso público.

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De igual forma retomó apartes de la Ley 388 de 1997, que permite a las entidades territoriales declarar de utilidad pública inmuebles destinados a la protección del medio ambiente y los recursos hídricos. Todo apoyado en el testimonio de exfuncionarios que acompañaron la expedición de la resolución, bajo la premisa de que la decisión estuvo amparada en la facultad que le dio la Alcaldía para implementar acciones como la expropiación.  Si bien la defensa solicitó archivar de nuevo la investigación, resta esperar el avance del caso, pues un fallo adverso pondría en vilo la permanencia a Muhamad en el Concejo.

Mientras esto se resuelve, se sabe que por ahora la actual administración pretende establecer diálogos con los propietarios de los predios dentro de la Reserva, ya que el año pasado se impusieron medidas cautelares sobre tres planes parciales. Aunque es claro que dichos terrenos son necesarios para garantizar la conectividad ambiental, se busca una solución amigable con quienes están en la zona pasa sacar adelante la reserva. 


¿En qué va la restauración de la Van der Hammen?

Los planes para la reserva forestal cambiaron de forma notable entre esta y la anterior administración. Mientras la alcaldía de Enrique Peñalosa hablaba de “intervenir” la Van der Hammen, el objetivo de la administración de Claudia López es “restaurarla”. Por esto, el Distrito retiró la solicitud que había hecho la anterior administración ante la Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca (CAR) para modificar la estructura de la reserva y así poder construir, entre otras cosas, tres vías de gran importancia y capacidad para descongestionar el norte.

Entonces, en principio esta administración se preocupará por actualizar estudios que puedan determinar hacia dónde se expande la ciudad, así como la información restante para ese proceso. También buscan determinar el mejor proceso de participación ciudadana para evitar nuevas rencillas con activistas ambientales. Recientemente, la CAR suspendió actividades de relleno en dos predios de la reserva, donde se realizaba deposición de residuos sin permiso de la autoridad ambiental.

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